Madrid.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha citado como testigos a 45 personas -una treintena de ellos militares, incluido el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz Roldán- y ha cursado comisiones rogatorias a quince países en la causa en la que investiga el accidente del Yak-42.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha citado como testigos a 45 personas -una treintena de ellos militares, incluido el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz Roldán (en la imagen)- y ha cursado comisiones rogatorias a quince países en la causa en la que investiga el accidente del Yak-42.
En un auto notificado hoy, el magistrado -que ha fijado las declaraciones para los próximos meses de septiembre y octubre- también llama como testigos al que fue Jefe del Estado Mayor del Ejército, José Antonio González; al ex director de la Guardia Civil Carlos Gómez Arruche y al ex subsecretario de Defensa Víctor de la Torre.
Entre las personas llamadas a declarar que no son militares figuran la diputada del PSOE María del Carmen Sánchez Díaz -que planteó al Gobierno del PP numerosas preguntas sobre el accidente del Yak-, varios empleados de Chapman Freeborn -la empresa contratista del avión-, un periodista que viajó en un vuelo anterior de la aeronave y el presidente del sindicato de pilotos SEPLA.
El juez también acuerda que se tome declaración a otros testigos fuera de España: en Luxemburgo, a dos directores generales de NAMSA, la agencia de la OTAN contratista de los aviones para el traslado de tropas españolas al exterior; en Noruega, a los militares que se quejaron de las condiciones de las aeronaves, y en Ucrania, al presidente de la empresa arrendataria del Yak siniestrado.
Además, Marlaska ha cursado comisiones rogatorias pidiendo diversos datos a un total de quince países: Luxemburgo, Alemania, Irlanda, Turquía, Líbano, Ucrania, Noruega, Egipto, Yibuti, Kuwait, Turkmenistán, Afganistán, Kirguizistán, Canadá y Estados Unidos.
El juez también solicita centenares de documentos a los Ministerios de Defensa y de Fomento, al Congreso de los Diputados y Senado, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a varios medios de comunicación, a los que pide una copia de las informaciones transmitidas el día del accidente, el 26 de mayo de 2003, y en las fechas inmediatamente posteriores.
Todas las diligencias acordadas en la resolución notificada hoy habían sido solicitadas por las acusaciones particulares que ejercen los familiares de los 62 militares españoles fallecidos en el siniestro en la causa en la que se investigan las posibles irregularidades en la contratación del avión.
El pasado 20 de mayo, Marlaska acusó a cinco altos mandos militares de un delito de homicidio por imprudencia grave y les citó a declarar como imputados en relación con esos hechos.
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