Madrid.- Vecinos de Latina y Carabanchel se concentrarán esta mañana ante el Ministerio del Interior en protesta por el acuerdo que permitirá construir 650 viviendas en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, después de haber sido desalojados la pasada medianoche de la acampada que habían montado.
La Coordinadora Vecinal de Latina y la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto y del Parque Eugenia de Montijo iniciaron a las siete de la tarde de ayer una "vigilia" contra el acuerdo que van a rubricar hoy a las 11 horas el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.
Los vecinos, que consideran que la operación es "especulativa" y exigen que en los terrenos de la antigua cárcel sólo se construyan equipamientos públicos, habían montado dos grandes tiendas de campaña en las que pensaban pasar la noche unas 30 personas, pero la Policía les desalojó pasada la medianoche sin que se produjeran incidentes, han informado hoy a Efe fuentes vecinales.
El protocolo de intenciones que hoy firmarán Rubalcaba y Ruiz-Gallardón definirá el desarrollo urbanístico de los terrenos que ocupa la antigua cárcel de Carabanchel, en virtud del acuerdo alcanzado recientemente entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid, que fue respaldado por PP y PSOE en el Pleno municipal del pasado 30 de mayo y rechazado por IU.
El desarrollo urbanístico de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, que abarcan una superficie de 170.000 metros cuadrados, prevé la construcción de 650 viviendas, de las que al menos el 30 por ciento serán de protección pública, así como del hospital que venían demandando los vecinos.
Sin embargo, los organizadores de la "vigilia" rechazan el plan de construcción de viviendas de las Administraciones en estos suelos y exigen que se destinen íntegramente a equipamientos sociales, a un hospital de gestión pública "cien por cien" y a "un centro para la paz y la memoria histórica".
Las organizaciones vecinales de Latina y Carabanchel, que han protagonizado ya otras medidas de protesta para conseguir sus reivindicaciones, acusan a Interior y al Ayuntamiento de "acelerar sus planes especulativos" para firmar un acuerdo "a espaldas de los vecinos".
Además, culpan al ministro y al alcalde de "incumplir sendos compromisos con los vecinos", el primero porque prometió reunirse con ellos en diciembre de 2006, y hasta la fecha no les ha recibido, y el segundo, por no acatar el acuerdo del pleno municipal para que los terrenos se dedicasen a equipamientos sociales y que los vecinos participaran en la decisión sobre su destino.
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