El nuevo decreto de evaluación ambiental limita los trámites de las empresas a tres meses

Santiago de Compostela.-  El Consello de la Xunta ha aprobado hoy el decreto de evaluación de la incidencia ambiental, que sustituye a una norma de 1961 y que reducirá la tramitación a los tres meses, salvo en el caso de empresas más contaminantes, frente a la media de dos años de la actualidad.

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(EFE)

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello, esta mañana en San Caetano.

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, informó hoy de este decreto, que sustituye al Reglamento de Actividades Molestas e Insalubres, Molestas y Peligrosas, y que suponía un trámite "complejo, burocrático y pesado".

El decreto afectará a toda actividad empresarial en Galicia y acortará plazos y simplificará trámites. Sólo quedarán fuera del ámbito de aplicación las 210 industrias que ya están obligadas a contar con una autorización ambiental integrada, y que son potencialmente las más contaminantes de la Comunidad.

La disposición tiene como finalidad reducir las emisiones de las empresas a la atmósfera, al agua y al suelo y también constatará la adecuación de las actividades a las ordenanzas municipales y a la normativa urbanística, sanitaria y ambiental.

La norma posibilitará que aproximadamente el 80 por ciento de las licencias de actividad puedan ser concedidas directamente por los ayuntamientos, cuando hasta ahora podían llegar a participar en su tramitación hasta seis consellerías, en función del proyecto y la actividad a la que se dedica.

Por ello, el trámite de una licencia de actividad, que podría tener una duración media de dos años, quedará reducido ahora a sólo tres meses.

La evaluación de incidencia medioambiental tiene como principal finalidad reducir en origen las emisiones a la atmósfera, el agua y al suelo que se produzcan y determinar sus condiciones para una correcta gestión, además de comprobar la adecuación de la actividad a las ordenanzas municipales, la normativa urbanística, sanitaria y ambiental.

La Xunta destaca que el nuevo instrumento normativo será más ágil en la tramitación ya que, a diferencia del decreto de los años 60, que no concretaba los tiempos de respuesta por la administración, lo que daba lugar a resoluciones dispares, fija los plazos concretos tras la solicitud.

Así, establece que la Consellería de Medio Ambiente cuenta con un máximo de tres meses desde la recepción del expediente, una vez se lo remita el municipio correspondiente.

Igualmente, a las empresas que deban someterse a otros procedimientos ambientales como la declaración de impacto, les bastará con presentar los documentos, en lugar de tener que someterse también a la evaluación de incidencia.

La nueva norma también es más clara a la hora de determinar qué actividades tienen y no tienen que someterse al procedimiento, lo que permitirá a los solicitantes agilizar la tramitación administrativa.

Por otra parte, el presidente de la Xunta destacó que hoy también se ha aprobado por el Consello dos importantes aportaciones, por valor de casi 72 millones de euros, en materia de infraestructuras en las áreas de A Coruña y Marín.

Se trata de un gasto de 40,5 millones de euros en la construcción del tramo de la Vía Ártabra entre la Nacional VI y el enlace de Meirás, que incluye la variante de Oleiros y el de otros 31 millones de euros en los 4,4 kilómetros del último trecho de la variante de Marín.

A este respecto, Pérez Touriño indicó que, con estas inversiones, se han superado los 500 millones de euros en licitación en lo que va de año, lo que significa un 60 por ciento más que el pasado en la misma época.