Un comité de la ONU pide examinar la libre determinación de Puerto Rico

Naciones Unidas.-  El Comité de Descolonización de la ONU aprobó hoy por consenso y por noveno año consecutivo una resolución que pide a la Asamblea General del organismo que "examine de manera amplia y en todos los aspectos" el actual estatus político de Puerto Rico.

ampliar foto

(EFE)

El gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acebedo Vilá, interviene, frente al Comité de Descolonización de la ONU, en Nueva York (EE.UU.), donde se discute sobre el estatus político de Puerto Rico.

El gobernador de esa isla, Aníbal Acevedo Vilá, expresó hoy una petición en ese mismo sentido ante el Comité de Descolonización de la ONU y criticó la posición de EE.UU. sobre la isla, al calificar de "torpe y partidista" la manera en que la situación ha sido tratada por la administración del presidente George W. Bush.

La resolución, presentada por Cuba y Venezuela, reitera el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación e independencia, de acuerdo con la resolución 1.514 (XV) de la Asamblea General y su implementación al caso de la isla, que es un territorio de Estados Unidos desde 1898.

En ella se pide al Gobierno estadounidense que asuma "su responsabilidad" de propiciar ese proceso y "toma nota" del amplio apoyo de personalidades, Gobiernos y fuerzas políticas de América Latina y el Caribe a la independencia de esa isla.

También insta a Washington a que termine la devolución al pueblo de Puerto Rico de toda tierra ocupada previamente en la isla de Vieques y el municipio de Ceiba (donde hubo una base militar) y asuma los costes de limpieza de las áreas contaminadas.

Los países dieron luz verde a ese texto luego de que Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Panamá, Siria, Irán, San Vicente y Granadinas así como Dominica, en nombre de los Países No Alineados, manifestaran su apoyo al mismo durante una audiencia del Comité Descolonización que cada año evalúa el caso de Puerto Rico.

Este año, Acevedo Vilá estuvo entre las 37 personas y organizaciones que acudieron a la audiencia del Comité, donde pidió que el caso de la isla sea examinado por la Asamblea General para que esta apoye un mecanismo por medio del cual los puertorriqueños puedan decidir sobre su futuro político.

"Bush ha sido torpe y ha mantenido agendas partidistas en el manejo de este tema, como lo ha sido con otros asuntos internacionales", sostuvo Acevedo Vilá, al tiempo que señaló que un informe de 2005 de la Casa Blanca "no representa el sentir total del pueblo norteamericano ni de sus líderes".

El documento al que Acevedo Vilá hizo referencia señala que la isla solo tiene como opción para definir su estatus político la integración a EE.UU. como un estado más o la independencia.

Puerto Rico fue una colonia de España hasta 1898, cuando pasó a ser una jurisdicción de EE.UU., cuyo Congreso extendió la ciudadanía estadounidense a los boricuas en 1917.

El actual estatus político de Puerto Rico limita su autonomía en asuntos como las relaciones internacionales, además de que en ese documento de 2005 la Casa Blanca concluía que el futuro de la isla depende solo del Congreso estadounidense.

La embajadora adjunta de Venezuela, Aura Rodríguez, manifestó el "incondicional y absoluto respaldo al legítimo derecho" de Puerto Rico a ejercer su libre determinación y afirmó que el pueblo de la isla continúa sin poder ejercer su derecho a la "descolonización".

Agregó que esa situación es para el Gobierno venezolano una violación a las libertades fundamentales.

Además, Venezuela hizo un llamado a EE.UU. "para que renuncie al dominio político, económico y social sobre este hermano pueblo latinoamericano y caribeño" y les permita el derecho a escoger su propio destino, como establece la resolución 1.514 (XV) de la Asamblea General.

El embajador de Panamá, Ricardo Alberto Arias, pidió que el debate sobre el estatus político de Puerto Rico "se incorpore enseguida" a la agenda de la Asamblea General para impulsar una solución que defina el futuro de ese país, mientras que Bolivia aseguró que este caso "es incomprensible".

El embajador de Bolivia, Hugo Siles Alvarado, señaló que las denuncias hechas ante ese Comité (por sectores independentistas) parecían propias de la época del oscurantismo, de un país que pese a que presume de su democracia aplica la ley del garrote.