Organismos de derechos humanos saludan la posición de Chávez ante las delaciones y las FARC

Caracas.-  Organismos de derechos humanos venezolanos saludaron hoy el cambio de postura del presidente Hugo Chávez, quien anunció que anulará la ley que obliga a la delación política interna y pidió además a las FARC liberar a sus rehenes sin condiciones.

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(EFE)

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, consideró que "llegó la hora de que las FARC liberen a todos los retenidos" y se puso "a las órdenes" del nuevo jefe de ese grupo guerrillero colombiano, "Alfonso Cano", para facilitar esa entrega, "a cambio de nada".

Ambos asuntos anunciados por el presidente venezolano el pasado fin de semana "representan un giro de 180 grados en su política", evaluó la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

Sobre la petición a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para la cual Chávez había pedido a inicios de año el reconocimiento internacional como fuerza beligerante, San Miguel destacó que "se saluda que ahora pida la liberación de los rehenes a cambio de nada", como literalmente expresó el gobernante.

Estas rectificaciones "tienen que ver con algo de fondo que desconocen los venezolanos", agregó San Miguel en declaraciones a los periodistas, aunque remarcó que Chávez "se echó para atrás por la presión" de fuerzas tanto críticas como afines a su gestión.

El llamamiento de Chávez a la comunidad internacional de concederle estatus de fuerza beligerante a las FARC no tuvo eco ni siquiera en su país, según una encuesta publicada el 27 de mayo pasado que reveló que un 71,2 por ciento rechazaba esa posibilidad.

El sondeo de la consultora Datanálisis aseguró que únicamente el 10,6 por ciento de los consultados respaldó ese estatus a las FARC.

Con relación a la anulación de la obligatoriedad de la delación política contenida en la ley de Inteligencia y Contra Inteligencia que firmó este mes, San Miguel sostuvo que la norma constituía "un insulto a los derechos humanos" y que lejos de tratarse de un error "tenía una intencionalidad y su objetivo era criminalizar a la disidencia".

La norma, llamada "Ley Sapo o Getsapo", consideraba a cualquier ciudadano e institución "órgano de apoyo" obligatorio de los cuerpos de seguridad.

"Donde nos equivoquemos hay que aceptarlo y no ponernos a defender lo indefendible. Fue un error del Gobierno, yo lo asumo; vamos a corregir esta ley" y promulgar otra con una comisión presidencial que se encargará de "oír críticas", dijo Chávez.

El presidente venezolano tiene plazo para corregir hasta finales de este mes, cuando concluirá el período de 18 meses para ejercer poderes legislativos especiales que le otorgó el Parlamento oficialista.

"Quiero saludar el gesto del presidente, pues adoptó una actitud de amplitud, acatando las observaciones que se le hizo a la ley", dijo a su vez Marino Alvarado, dirigente de Provea, la principal instancia defensora de los derechos humanos del país.

Alvarado recomendó, sin embargo, que no sea una comisión presidencial la que redacte la norma, sino que deje esa labor a los diputados y que luego éstos la sometan "a una amplia consulta".

También criticó que las titulares de la Fiscalía General y de la Defensoría del Pueblo, Luisa Ortega Díaz y Gabriela Ramírez, respectivamente, no se hubieran puesto "al frente de la denuncia pública de esa ley", lo que "parece indicar", alertó, que se trata de "dos instituciones sometidas al Ejecutivo".