Madrid.- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado hoy la querella presentada por Dignidad y Justicia contra el alcalde de Leioa (Vizcaya) por mantener dos calles dedicadas a tres etarras, al considerar que esta decisión es "puramente administrativa" y le compete a su Ayuntamiento.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz (en la imagen) ha rechazado hoy la querella presentada por Dignidad y Justicia contra el alcalde de Leioa (Vizcaya) por mantener dos calles dedicadas a tres etarras, al considerar que esta decisión es "puramente administrativa" y le compete a su Ayuntamiento.
La asociación de víctimas acusó al alcalde del Ayuntamiento, Eneko Arruabarrena (PNV), de un delito de enaltecimiento de terrorismo en su vertiente de menosprecio a las víctimas por mantener el nombre de los etarras Eustaquio Mendizabal, "Txikia", y los hermanos Txabi y Joseba Etxebarrieta en dos calles de la localidad.
Pedraz recuerda a Dignidad y Justicia que la vía para solicitar la retirada de las placas de estas calles es la administrativa, y no la penal y, además, subraya que no hay una constancia de que hayan sido miembros de ETA.
Y no la hay porque, según argumenta, fallecieron entre 1968 y 1973 "sin que conste resolución judicial alguna" condenándoles en relación con algún delito de terrorismo.
En este sentido, enfatiza que las acusaciones que figuran en la querella sobre la militancia en ETA de esas tres personas y el "relato pseudohistórico" corresponden a "meras apreciaciones" periodísticas, que no tienen "base jurídica alguna" porque no existe una sentencia que así lo determine.
En el caso de que esa resolución existiera, detalla Pedraz, podría aplicarse la Ley de Amnistía (1977) y, por tanto, el delito se consideraría "olvidado legalmente".
El responsable del juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional impone, además, de forma "simbólica" el pago de las costas a la asociación que preside Daniel Portero, hijo del fiscal asesinado por ETA Luis Portero, dada "la temeridad" en la interposición de la querella por "lo infundada y carente de toda consistencia jurídica".
Dignidad y Justicia ha presentado denuncias similares en los municipios de Zizurkil y Tolosa (Guipúzcoa), Arrigorriaga, Durango, Amorebieta y Etxebarri (Vizcaya) y Etxarri-Aranaz (Navarra), aunque no existe un criterio único entre los jueces de instrucción y la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.
Así, la querella interpuesta contra el alcalde de Arrigorriaga no fue admitida a trámite por Pedraz pero la sección tercera de la sala de lo penal le ordenó investigarla; mientras que la decisión del magistrado Ismael Moreno de archivar la denuncia contra el regidor de Amorebieta ha sido ratificada por la sección cuarta.
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