Los ministros de Interior acuerdan la directiva de retorno de inmigrantes ilegales

Luxemburgo.-  Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) acordaron hoy por unanimidad la directiva de retorno de inmigrantes ilegales, que aún debe ser aprobada por el Parlamento Europeo para su entrada en vigor.

El texto establece una serie de criterios mínimos comunes en los veintisiete países comunitarios, entre ellos un internamiento de hasta seis meses ampliable a 18 en casos excepcionales en que haya problemas de identificación.

La directiva fija "un mínimo común de garantías" sobre las condiciones en que se deben realizar las expulsiones de inmigrantes irregulares, explicó el secretario de Estado español de Seguridad, Antonio Camacho, en conferencia de prensa.

Camacho consideró que el texto supone un "avance importante" a favor de dar garantías jurídicas a los inmigrantes ya que, aunque reconoció que esa mejora podía haber sido mayor, se establecen garantías "donde no las había".

En este sentido, recordó que en 17 países de la UE se establecen plazos de retención mayores a 6 meses y en nueve no hay plazo máximo, por lo que los inmigrantes indocumentados pueden ser retenidos de forma indefinida.

El responsable español señaló que la trasposición de la directiva en España no tendrá repercusiones "ya que estamos muy por encima del marco mínimo" que establecerá la nueva norma cuando sea aprobada.

El acuerdo entre los Veintisiete se produce tras casi tres años de discusiones y pone ahora el punto de mira en el Parlamento Europeo, donde esta propuesta ha generado muchas críticas ante el debate que el pleno de la Eurocámara celebrará el día 17.

La presidencia eslovena de la UE, por boca del ministro de Interior, Dragutin Mate, se mostró "confiado" en que la Eurocámara apruebe el texto el próximo día 18, cuando tiene previsto el voto.

Mate aseguró, en una conferencia de prensa, que los interlocutores de diversos grupos del PE han apoyado el actual texto, por lo que "todo apunta a que el Parlamento respaldará este compromiso".

En caso de rechazo parlamentario, Mate advirtió de que "todo tendría que empezar desde el principio", con negociaciones que podrían extenderse hasta por tres años, algo que "no quiere nadie".

Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional o el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), se oponen a esta medida porque creen que "dañará seriamente" los derechos humanos de los afectados.

El comisario europeo de Justicia, Seguridad y Libertades, Jacques Barrot, insistió en que la aprobación de la directiva sería un avance, especialmente en cuestiones como el período máximo de retención, ya que 9 de los 27 países de la UE no fijan actualmente limites temporales.

Barrot insistió en que la retención máxima hasta 18 meses no será la norma común, y en cambio destacó que las garantías legales incluidas durante la retención son "más importantes" que la duración del período.

Si es aprobada por el PE, la directiva entrará en vigor dos años después de su publicación oficial, es decir hacia julio de 2010.

El acuerdo alcanzado hoy entre los ministros del Interior se produjo después de varias semanas de discusiones acerca de cómo formular el derecho de los inmigrantes indocumentados a la asistencia jurídica gratuita.

El compromiso alcanzado establece que esa asistencia legal de oficio se dará en las mismas condiciones que actualmente se ofrece a los solicitantes de asilo.

Este mecanismo prevé que la asistencia jurídica sea gratuita según estipulen las leyes nacionales, mientras que la ayuda gratuita en las apelaciones a las decisiones de expulsión solo se daría cuando hay posibilidades reales de éxito y tendría límites de tiempo y de cantidad económica.

Además, la Comisión Europea aportará dinero del Fondo de Retorno de inmigrantes ilegales para financiar esta asistencia jurídica en los países que lo requieran.

El comisario Barrot dijo que todavía es pronto para detallar la cifra que pueda aportar la CE, ya que primero "habrá que medir las necesidades" de los países comunitarios con mayor número de procedimientos.