Madrid.- El director ejecutivo de la Agencia Europea para el Control de la Pesca, Harm Koster, ha asegurado que este organismo, que comenzará su andadura en Vigo en julio, "es el marco más apropiado" para el control de las importaciones de pesca ilegal.
El director general de Recursos Pesqueros del Ministerio de Agricultura y Pesca, Fernando Curcio.
Koster, que ha presentado hoy en Madrid los objetivos de la Agencia de Control de la Pesca, ha respondido así a una de las principales preocupaciones del sector pesquero español por el alza del precio de los combustibles.
Ha reconocido que las importaciones de pescado ilegal de terceros países "reducen los precios", al mismo tiempo que "es injusta para los pescadores que están pescando legalmente".
A su juicio tenemos que incrementar la rentabilidad de la industria pesquera, que tiene altos costes, como en el combustible, y la rentabilidad de esta actividad evitando que haya importaciones ilegales.
También ha señalado que es necesario preservar las existencias para desarrollar una actividad pesquera rentable, de tal forma que se puedan capturar cantidades de pesca y obtener un precio justo en el mercado.
Ha resaltado que la Agencia Europea de Control de la Pesca "está en el mejor sitio para coordinar la lucha contra las importaciones de pescado ilegal".
Por su parte, el director general de Recursos Pesqueros y Acuicultura del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Fernando Curcio, ha recordado que se está trabajando en la elaboración de un Reglamento para la lucha de la pesca ilegal y no regulada con diversos ejes.
Entre estos ejes principales ha detallado la identificación de todas las importaciones de pescado, tanto fresco como congelado, la elaboración de las listas de los barcos ilegales y la identificación de los países "no cooperantes" o países con banderas de conveniencia que no controlan sus capturas.
La Agencia, que contará con una plantilla inicial de 60 personas, tiene como objetivo coordinar las actividades de inspección y control de los países de la UE, con el fin de asegurar que se cumplen mejor las reglas de la Política Pesquera Común (PPC).
Este organismo, que empezó a funcionar provisionalmente en Bruselas en 2006, pero su localización definitiva estará en Vigo a partir del mes de julio, tiene un presupuesto comunitario anual cercano a los 8 millones de euros.
La aportación del Estado español será de 3,5 millones para el edificio provisional en Vigo, ya que el definitivo será la Comandancia Marítima de Vigo, al que se destinará 5 millones de euros para su acondicionamiento total.
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