Las familias de las víctimas del Yak-42 piden que testifiquen Aznar, Trillo y Bono en el juicio sobre identificaciones

MADRID.-  Las dos principales asociaciones de familiares de las víctimas del accidente del Yak-42 solicitaron hoy en la Audiencia Nacional la comparecencia como testigos del ex presidente del Gobierno José María Aznar y de los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono en el juicio sobre la identificación errónea de 30 de los 62 militares que fallecieron el accidente del Yakovlev-42, que se estrelló en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003.

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EP (EUROPA PRESS)

Las dos principales asociaciones de familiares de las víctimas del accidente del Yak-42 solicitaron hoy en la Audiencia Nacional la comparecencia como testigos del ex presidente del Gobierno José María Aznar y de los ex ministros de Defensa Federico Trillo y José Bono en el juicio sobre la identificación errónea de 30 de los 62 militares que fallecieron el accidente del Yakovlev-42, que se estrelló en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003.

Según los escritos, que fueron entregados hoy al titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Fernando Grande-Marlaska, la comparecencia de Aznar estaría justificada porque "era presidente del Gobierno en el momento del accidente" y "dio las órdenes pertinentes para el traslado de los cadáveres, la celebración del funeral de Estado y las condiciones en que éste habría de celebrarse el 28 de mayo de 2003".

En relación con Trillo y Bono, la representación legal de los familiares de las víctimas argumentan que el primero dirigía el Ministerio de Defensa en el momento del accidente y que el segundo ordenó la investigación sobre las tareas de repatriación de los cadáveres.

Al igual que el escrito de la Fiscalía, que fue presentado la semana pasada, los familiares dirigen su acusación contra el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. Para todos ellos piden seis años de cárcel por un delito continuado de falsedad documental, uno más que los que reclamó el teniente fiscal, Fernando Burgos.

También solicitan una multa 60.000 euros para Navarro y de 48.000 para Ramírez y Sáez. En el caso de las indemnizaciones, reclaman que a la cuantía de 25.000 euros que el fiscal solicitó para las esposas, compañeras, padres e hijos de los militares que fueron identificados erróneamente se sumen otras de 6.000 euros para sus hermanos.

UN CENTENAR DE TESTIGOS

Entre el casi un centenar de testigos que solicitan la Asociación de Familiares de las Víctimas del Yak-42 y otro grupo de familiares representado por el abogado Leopoldo Torres también se encuentran el teniente general Luis Alejandre Sintes, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra; el teniente general Eduardo González-Gallarza, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire; y el teniente general Félix Sanz Roldán, jefe del Estado Mayor de la Defensa que dirigió las investigaciones sobre las identificaciones y la posterior exhumación de los cadáveres.

De igual modo, los familiares piden la comparecencia de Fernando Díez, ex secretario de Estado de Defensa; Víctor de la Torre, subsecretario de Defensa en el momento del accidente; Francisco Javier Jiménez-Ugarte, secretario general de Política de Defensa; el teniente general José Antonio Beltrán, coordinador de las operaciones de identificación y repatriación de las víctimas del accidente; y el almirante general Antonio Moreno Barberá, entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Completan la lista otros mandos militares como el teniente general Manuel Estellés, jefe del Mando Aéreo de Levante (MALEV), encargado del viaje a Afganistán del que volvía el avión siniestrado; el teniente general Carlos Gómez Arruche, entonces segundo jefe de este departamento; el ex embajador de España en Turquía Manuel de la Cámara Hermoso; el entonces cónsul en Estambul, Raimundo Ezquerra; la diputada Carmen Sánchez, que realizó varias preguntas parlamentarias sobre la cuestión; y varios periodistas que cubrieron la información sobre el accidente.

Como prueba documental solicitan, entre otras,*todas las diligencias realizadas durante la investigación y como pericial los testimonios de los profesores José Antonio García Andrade y José Cabrera y el forense Juan Miguel Monje, médico de la Audiencia Nacional que intervino en los trabajos de exhumación e identificación de 21 cadáveres no incinerados.