MADRID.- Prueba superada. Si la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, comenzaba su primera aparición pública ante la Comisión hablando de diálogo y debate en busca de un consenso, la postura de la oposición parece haberle dado la razón. Pese a las críticas, que también han estado presentes en la reunión, el tono general ha sido distendido y cordial -salvo en contadas ocasiones-, y la principal conclusión de la ministra es que espera "poder llegar a alcanzar muchos acuerdos" a lo largo de la legislatura.
Corredor llega a la Comisión.
Al finalizar el encuentro, Corredor se ha mostrado "muy contenta" con el acercamiento demostrado por todos los grupos políticos, y "optimista" ante el futuro. Especialmente "emocionada" se ha sentido con el hecho de que el representante popular, Pablo Matos, se haya mostrado de acuerdo con las principales medidas anunciadas por la ministra; a saber: fomentar el alquiler con opción a compra, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para crear los juzgados de primera instancia para agilizar los desahucios, y la apuesta por la rehabilitación.
Precisamente, la principal novedad anunciada hoy por la ministra es la puesta en marcha, a finales de año, de lo que ya se conoce como Plan Renove, que contempla la rehabilitación energética de 500.000 viviendas con un presupuesto inicial de 800 millones de euros. Según Corredor, este plan es una apuesta del Ejecutivo por la "rehabilitación ecológica" y la "renovación sostenible", por lo que se estudia conjuntamente con los ministerios de Industria, Turismo y Comercio, y Medio Ambiente.
Pero la apuesta del Ministerio "no se limitará a la rehabilitación de viviendas" e incluirá la remodelación de barrios deteriorados, al objeto de "erradicar la infravivienda y el chabolismo", para lo que la ministra ha solicitado la ayuda de gobiernos regionales y locales. Con ello también se conseguirá "cambiar el modelo de construcción extensiva que hasta ahora ha prevalecido en nuestro país", por otro modelo de "renovación intensiva del patrimonio inmobiliario preexistente", ha dicho Corredor.
La otra gran línea de actuación que prevé el Ministerio de Vivienda para esta legislatura está relacionada con la promoción de vivienda protegida, ya sea en régimen de alquiler o en venta. El objetivo es claro: construir "un millón y medio" de VPO "en los próximos diez años". Para conseguirlo, Corredor se ha comprometido a llegar a acuerdos con otras carteras ministeriales para que pongan a disposición de la promoción de este tipo de casas los suelos públicos de titularidad estatal. Todo ello se gestionará a través de un órgano interministerial de suelo de nueva creación. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) también se ha prestado a colaborar en este proyecto elaborando un estudio detallado del suelo disponible para construir VPO en cada ayuntamiento.
Mención aparte merece el alquiler, apuesta estrella del Gobierno de Zapatero. En este sentido, se mantendrán las ayudas a la emancipación (Renta Básica de Emancipación), y se dará un "impulso decidido" a la vivienda protegida en alquiler con opción a compra, una figura que ya se aplica en algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, pionera e impulsora de la idea.
Y si la igualdad real entre hombres y mujeres es uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno para esta legislatura, la vivienda no se escapa a la aplicación de este criterio de paridad, que quedará patente en la introducción de criterios de género en la elaboración de las estadísticas y estudios del Ministerio, así como en la creación de una Comisión Asesora de Igualdad de Oportunidades.
Pensando en los investigadores que llegarán a España para trabajar en los 60 parques científico-tecnológicos que se van a construir en nuestro país en los próximos años, el Ministerio de Vivienda prevé la creación de alojamientos en régimen de alquiler específicos para investigadores y especialistas, españoles o internacionales.
Los partidos de la oposición han mostrado su deseo de alcanzar un Plan de Vivienda estatal consensuado. Eso sí, han planteado sus dudas en cuanto a la posible intromisión del Ministerio de Corredor en las políticas de vivienda de las comunidades autónomas, así como su preocupación por el futuro de la financiación de las haciendas locales y por las familias que no pueden asumir los pagos de sus hipotecas.
La más criticada ha sido la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), cuya continuidad ha sido cuestionada por todos los partidos de la oposición. Sin embargo, la ministra se ha mantenido firme: la SPA se concibió como "un instrumento para dinamizar el mercado de vivienda en alquiler", y su 'juventud' no permite ver grandes resultados, que en su opinión podrán valorarse al llegar al ecuador de su vida, en 2010.
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