Lima.- El presidente de Amnistía Internacional (AI) en Perú, Jorge Trefoli, opinó hoy, durante la presentación en Lima del Informe Anual 2008 sobre derechos humanos en el mundo, que en el país andino "hay una tendencia a reprimir todo tipo de oposición".
Según Trefoli, el informe constata que "en lugar de establecer mecanismos de diálogo, se opta por satanizar a estos sectores que justamente están buscando presentar los problemas para hallar una solución".
Según Trefoli, el informe constata que "en lugar de establecer mecanismos de diálogo, se opta por satanizar a estos sectores que justamente están buscando presentar los problemas para hallar una solución".
El documento señala que Perú dio en 2007 importantes avances contra los responsables de violación de derechos humanos durante el conflicto interno (1980-2000), y sitúa el inicio del juicio al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), acusado de crímenes de lesa humanidad, como el ejemplo más paradigmático.
Sin embargo, también denuncia el acoso a los oponentes a los planes mineros, así como las injustas acusaciones de terrorismo a campesinos de la sierra andina, en lo que, en palabras del director del Instituto de Defensa Legal (IDL), Hans Landolt, es muestra de una "tónica de criminalización de la protesta social" en el país.
"Creo que, de alguna manera, lo que se está buscando es deslegitimar a quienes tienen opiniones críticas o discrepantes con el Gobierno y deslegitimar así la actividad de defensores y defensoras de derechos humanos", señaló a Efe Landolt, al término de la rueda de prensa en la que se presentó el informe.
Las consecuencias de este proceso son, según el jefe de IDL, no solo el "procesamiento injustificado de muchas personas", que ha llevado a la detención de campesinos y activistas por supuestos vínculos con el terrorismo, sino la creación de un "clima de intimidación que podría llevar a la autocensura".
Landolt también se refirió a las manifestaciones que, "de forma constante", realizan miembros del Gobierno contra organizaciones de defensa de derechos humanos y que "demuestran una falta de tolerancia a posiciones contrarias y menoscaban el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos".
En este sentido, destacan las declaraciones del presidente peruano, Alan García, el pasado abril, cuando calificó la carta enviada por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) al Parlamento Europeo pidiendo la reconsideración del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) como grupo terrorista, de "una traición a la patria".
En dicha misiva, Aprodeh señala su claro rechazo a los actos de terror, pero anotó que la existencia del MRTA no puede servir para "perseguir a activistas sociales y opositores políticos acusándolos injustamente de terrorismo".
En aquella ocasión, el Gobierno peruano anunció una investigación sobre varias Organizaciones no Gubernamentales del país andino, a lo que se sumó la petición de García de un rechazo interno contra todas las organizaciones que "perjudican de una manera u otra a Perú".
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