Vitoria.- El lehendakari, Juan José Ibarretxe, quiere preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo con un final dialogado de la violencia y con una negociación entre los partidos sobre el derecho a decidir, en una consulta prevista para el 25 de octubre que el Gobierno impugnará para suspenderla.
Las dos preguntas están incluidas en un proyecto de ley de regulación de la consulta, que ha sido aprobado hoy por el Gobierno Vasco en un consejo extraordinario. Al acabar, Ibarretxe ha comparecido con una papeleta en la mano como la que se utilizaría en la consulta.
La primera pregunta es: "¿está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre?".
Desde el PSE y el PP se ha destacado que esta pregunta no incluye una condena de ETA, lo que facilitará el posible apoyo del PCTV-EHAK a la iniciativa del lehendakari y su consiguiente aprobación.
La segunda pregunta es: "¿está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?".
Mañana el lehendakari entregará en el Parlamento Vasco el proyecto de ley, que comenzará su tramitación, con el fin de que, previsiblemente, el 27 de junio la Cámara vasca pueda votar esta iniciativa, por el procedimiento de lectura única, sin posibilidad de enmiendas.
Los grupos del tripartito (PNV, EA y EB) tienen 32 escaños, mientras que PSE y PP, contrarios a la iniciativa, suman 33. Si Aralar se suma al tripartito, que es lo previsible, los votos de EHAK serán decisivos para romper el empate y lograr que el Parlamento Vasco apruebe la celebración de la consulta.
Al bastar con mayoría simple para salir aprobado, un solo voto a favor procedente de las filas de EHAK permitiría que el Parlamento Vasco diera el visto bueno a la celebración de la consulta el 25 de octubre.
Sin embargo, en una primera opinión, la izquierda abertzale ha criticado el proyecto de ley como "un instrumento para la confrontación" con los socialistas y con la izquierda independentista, y la ha calificado como una "simple maniobra electoral" con la que "se quiere tapar la crisis del tripartito".
El lehendakari ha dicho que espera un "sí rotundo del Parlamento Vasco" porque, a su juicio, "estamos convencidos de que no habrá ningún partido vasco que se niegue a dar la palabra a la sociedad vasca".
Si el Parlamento Vasco aprueba el proyecto en junio, el Gobierno recurrirá esta ley ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que éste la suspenda.
Así lo anunciado la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, quien ha reiterado la posición del Gobierno y ha trasladado a los ciudadanos su "total oposición" a un proyecto unilateral, con el que el lehendakari se ha situado "al margen de las leyes".
Desde el PP, su portavoz de Justicia, Ignacio Astarloa, ha calificado como "chapuza jurídica" y "delirio" la consulta, que supone "el desafío más grave a la Constitución".
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