Río de Janeiro.- El gobierno regional de Río de Janeiro reafirmó que mantendrá su política de combate directo al crimen en las favelas pese a que el informe divulgado hoy por Amnistía Internacional denuncia el elevado número de muertes y los abusos en las operaciones policiales.
De acuerdo con Amnistía, 1.260 personas perdieron la vida en operaciones policiales en Río de Janeiro.
"El enfrentamiento a los criminales continuará, siempre de acuerdo con la política de derechos humanos. Esta es una política que no cambia", según un comunicado divulgado hoy por la gobernación de Río de Janeiro tras las denuncias hechas por Amnistía Internacional.
Según la organización internacional de defensa de los derechos humanos, las operaciones de la policía en las barriadas pobres, principalmente en Río de Janeiro, "se saldaron con miles de personas muertas y heridas" y en medio de la impunidad para agentes responsables por abusos en tales acciones.
De acuerdo con Amnistía, 1.260 personas perdieron la vida en operaciones policiales en Río de Janeiro, la mayor cifra de civiles muertos por supuestamente resistirse a acciones oficiales en el estado más emblemático de Brasil.
"La oleada de represión", según el informe de AI, culminó con una "megaoperación" a finales de junio en la que participaron unas 1.350 personas, entre civiles, militares y miembros del cuerpo de elite de la policía en la que murieron unos 19 presuntos delincuentes, entre ellos un menor de 13 años, mientras que una docena de transeúntes resultaron heridos.
La organización asegura que, pese a las numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos "a manos de la policía" en estas operaciones, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva "respalda públicamente algunas operaciones policiales de marcado carácter militar, sobre todo, en Río de Janeiro".
Las operaciones policiales para combatir a las bandas de traficantes que controlan las principales favelas de Río de Janeiro fueron ordenadas por el gobernador regional, Sergio Cabral Filho, apenas asumió su mandato, en enero de 2007.
Tales operaciones buscan acabar con el dominio que las bandas de traficantes ejercen en las barriadas populares de Río de Janeiro, así como los constantes enfrentamientos entre grupos rivales por el control de los puntos de venta de drogas en las favelas.
Cabral, quien se comprometió a reducir el poder de fuego de los narcotraficantes en las favelas, cuenta con el apoyo de Lula, un importante aliado y a quien llegó a pedir en vano la intervención de las Fuerzas Armadas en Río de Janeiro para combatir las organizaciones criminales.
Según el comunicado divulgado hoy por la gobernación, "la confrontación (dentro de las favelas contra los narcotraficantes) es indeseable pero inevitable".
"Esa es una batalla larga y dura, pero confiamos en que, con nuestra política de seguridad pública, vamos a vencerla. No hay plazo ni mágica. Es un trabajo serio, con inteligencia y permanente", agrega la nota.
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