Los periodistas Gorka y Ander Landaburu declaran ante Garzón que Agirre siempre ha estado en contra de ETA

MADRID.-  Los periodistas Gorka y Ander Landaburu declararon hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que el ex dirigente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Gorka Agirre, imputado por un presunto delito de colaboración con ETA, siempre se ha manifestado en contra de la organización terrorista, según informaron las partes personadas en la causa.

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ep (EUROPA PRESS)

Los periodistas Gorka y Ander Landaburu declararon hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que el ex dirigente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Gorka Agirre, imputado por un presunto delito de colaboración con ETA, siempre se ha manifestado en contra de la organización terrorista, según informaron las partes personadas en la causa.

Los dos hermanos comparecieron durante unos veinte minutos cada uno en la última ronda de declaraciones solicitada por la defensa de Agirre para pedir al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que le retire de la causa que investiga al aparato de extorsión de ETA y en la que éste se encuentra imputado como supuesto intermediario en el pago del denominado 'impuesto revolucionario'.

Los periodistas, que se negaron a realizar declaraciones a su salida del juzgado, trasladaron al juez Garzón que conocen a Gorka Agirre --sobrino del lehendakari en el exilio José Antonio Agirre-- desde que en los años sesenta sus respectivas familias coincidieron en Francia.

En este sentido, consideraron al imputado como un buen conocedor del mundo de ETA porque durante esa época conoció a personas que pertenecían a la organización terrorista. Como ejemplo, señalaron que ellos también trabaron relación durante esos años con numerosos exiliados políticos vascos, entre los que citaron a históricos de la organización terrorista como Juan José Etxabe o Julen Madariaga.

No obstante, aseguraron desconocer las relaciones que Agirre pudiera tener con el dueño del bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosúa, en cuyo establecimiento se realizaban los pagos a ETA, según los informes del Cuerpo Nacional de Policía.

Los indicios que existen contra Agirre y por los que el juez Fernando Grande-Marlaska le imputó en junio de 2006 consisten en una serie de imágenes grabadas en las inmediaciones del establecimiento en las que éste aparecía ocultando un bulto bajo su ropa. La policía también cuenta con conversaciones telefónicas en las que supuestamente hablaba de la entrega de una serie de botellas de vino, lo que, según los expertos en la lucha antiterrorista, podría ser una comunicación en clave sobre un pago de 54.000 euros.

AGIRRE, AMENAZADO POR ETA

Según fuentes de la defensa de Agirre, a la causa también se ha incorporado un informe policial que incluye al ex responsable de Relaciones Internacionales del PNV en una relación de amenazados por ETA en un nivel "no prioritario" (el uno sobre cuatro), lo que demostraría que no tenía ningún tipo de vínculo con la banda.

La estrategia de la defensa, que tiene el objetivo de modificar la situación de libertad bajo fianza de 12.000 euros en la que actualmente se encuentra Agirre, ha incluido las comparecencias de los dirigentes del PNV Íñigo Urkullu, Xabier Arzalluz y Joseba Egibar. Todos ellos negaron que su compañero de filas hubiera mediado nunca en el pago de la extorsión a los empresarios vascos y aseguraron que su labor consistía en informar al partido de los movimientos que realizaba la organización terrorista.

También compareció ante el juez el hijo del dueño del bar 'Faisán', que testificó que lo que Agirre ocultaba en las inmediaciones del establecimiento cuando fue grabado por la policía era un 'zutabe' de la banda terrorista que le había entregado su padre y no cartas de extorsión, como sostienen los agentes.

En la causa también han declarado varios empresarios vascos extorsionados por ETA que apuntaron que se dirigieron a Agirre para verificar la veracidad de las cartas de extorsión y que éste siempre les recomendó que no pagaran y que pusieran su caso en manos del Departamento de Interior del Gobierno vasco.