España se opondrá con firmeza a la inmigración ilegal

Évora (Portugal).-  España está a favor de la inmigración legal y luchará contra la que se realiza por cauces ilícitos, señaló hoy el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en la conferencia euromediterránea del Grupo 5+5.

ampliar foto

(EFE)

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho (c), acompañado por el ministro de Administración Interna portugués, Rui Pereira (d), durante la VI Conferencia sobre Migraciones en el Mediterráneo Occidental, en la que participan los ministros del ramo de cinco países del norte de África y otros tantos del sur de Europa, que se ha celebrado hoy en Évora (Portugal). EFE/Nuno Veiga

El ministro declaró a la prensa, en el marco de la VI Conferencia sobre Migraciones en el Mediterráneo Occidental, a la que asisten diez países de la zona, que España "está a favor de la inmigración, siempre que ésta siga los cauces legales".

En la reunión, que se celebra durante la jornada de hoy en la ciudad portuguesa de Évora, cercana a la comunidad española de Extremadura, Corbacho advirtió que España "pondrá todos los medios para que esa inmigración ilegal sea cada vez más difícil".

"Nuestro país apuesta por el combate a la inmigración ilegal", subrayó el ministro en relación a los debates de la reunión, en la que participan también Francia, Italia, Portugal y Malta, del lado europeo, y Marruecos, Mauritania, Argelia, Libia y Túnez de la orilla africana.

"No se trata -matizó- de una política de endurecimiento respecto a la anterior, pero sí es verdad que el actual contexto económico y social en el que nos encontramos, tanto en España como en Europa, es diferente al de hace dos años".

El ministro español recordó que la necesidad hace un par de años años era hacer contrataciones en número importante en origen para cubrir la demanda laboral, pero ahora se produce un aumento del desempleo en el sector de la construcción, que está afectando a la comunidad inmigrante.

Corbacho defendió que todo inmigrante que entre ilegalmente en España no puede aspirar a que su situación se regularice y recordó que "la ley no lo permite más allá de determinados supuestos".

No obstante puntualizó que España no devolverá inmigrantes sin tener garantías de que en su país de origen se cumplen los derechos humanos y de que la libertad de la persona está garantizada.

"España viene ya desarrollando una política de retorno, no de repatriación, lo que quiere decir que se hace en colaboración con el país de origen del inmigrante, y está dando buenos resultados", agregó.

Corbacho habló en la reunión de Evora del programa de retorno en el que trabaja su departamento y destacó que éste fue bien recibido por el ministro de Empleo y Formación Profesional de Marruecos, Jamal Rhamani.

El ministro defendió también que la inmigración sea abordada en el marco de una política común de la Unión Europea (UE) y abundó que "Europa y España necesitan inmigrantes pero no queremos inmigración ilegal, sino regular y legal y habrá que ir en esa dirección".

A ese respecto añadió que España plantea una política unitaria en inmigración dentro de la UE para que luego cada país aplique las normas que considere más oportunas.

España establece un periodo de 40 días para retener a un inmigrante que deba ser expulsado, mientras que otros países optan por tres meses y otros carecen de legislación, recordó.

La directiva de la UE que, en ese sentido, fija un máximo de 18 meses será una referencia para todos los países pero no una obligación, subrayó.

Corbacho se refirió también al control de fronteras a través del satélite que desarrolla España a nivel marítimo y dijo que se ha mejorado, pese a lo cual siguen llegando inmigrantes ilegales, sobre todo a Canarias y Andalucía.

En la reunión de Evora, el grupo euromediterráneo 5+5 analiza medidas para afrontar el reto de la inmigración en esa zona geográfica, una de las que registra mayores flujos en todo el mundo por la proximidad entre dos áreas, Europa y Africa, con gran diferencia de desarrollo.

Los diez países participantes coinciden en el interés por prevenir la inmigración ilegal, promover una gestión adecuada de los flujos lícitos y favorecer la integración de los inmigrantes en los países de acogida.