Alcaide dice que la Justicia está deteriorada y como administración no funciona

Santa Cruz de Tenerife.-  El Diputado del Común, Manuel Alcaide, advirtió hoy que la Justicia está deteriorada y como tal administración no funciona, y estimó que es incomprensible el abandono que hay en esta materia.

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(EFE)

En la imagen, el Diputado del Común, Manuel Alcaide.

Alcaide hizo estas manifestaciones en la presentación del informe del Diputado del Común correspondiente a 2007, año el que se tramitaron unas 1.600 quejas y se atendieron más de 12.000 consultas.

Los retrasos generalizados en la tramitación de los asuntos judiciales es, según explicó Alcaide, el segundo motivo de quejas de los ciudadanos con un total de 161 reclamaciones.

Alcaide señaló que la Justicia debe ser inmediata, rápida e imparcial, y advirtió de que su mal funcionamiento pone en riesgo la existencia de la democracia.

Una democracia sin la distinción de los tres poderes "es coja y peligrosa", aseveró el Comisionado del Parlamento de Canarias.

Recordó que un convenio suscrito con el Consejo General del Poder Judicial permite al Diputado del Común dirigirse a la administración de Justicia y pedir que se adopten las medidas necesarias para suplir las deficiencias motivo de quejas por parte de los ciudadanos.

Como ejemplos señaló que se producen retrasos hasta en las certificaciones del registro civil y en los informes de los juzgados de familias porque están saturados de trabajo.

Además, destacó las quejas de los reclusos canarios que cumplen condena en cárceles ubicadas fuera del Archipiélago porque no tienen cabida en los centros penitenciarios canarios.

Alcaide informó de que el primer motivo de queja de los ciudadanos, con 169, son las actividades clasificadas y espectáculos públicos, área en el que ha habido un aumento considerable de las reclamaciones.

Destacó las quejas relacionadas con la instalación de antenas de telefonía móvil y estimó que sería deseable que el Parlamento estableciera con rigor legislativo las condiciones que deben tener este tipo de instalaciones.

El Diputado del Común recordó que el ruido es otro de los motivos principales de las quejas presentadas por los ciudadanos.

Apuntó que en el área de trabajo y función pública se han presentado 121 quejas y en su mayoría son protestas por las irregularidades en procesos selectivos de acceso a la administración, por el acceso de discapacitados y algún caso, apuntó, de acoso laboral.

En seguridad pública detalló que se han presentado 110 quejas relativas a extranjería, tráfico y seguridad vial.

Alcaide agregó que 94 han sido las quejas relativas al funcionamiento de los servicios sanitarios y en su mayoría están relacionadas con las listas de espera, el servicio de urgencias y reclamaciones por actuaciones del personal sanitario.

En política territorial hay 85 quejas y al respecto Alcaide dijo que se ha constatado una mayor conciencia social para denunciar agresiones medioambientales, aunque lamentó que la falta de actuación de la administración es casi general.

Respecto a las 72 quejas en el área de economía y hacienda, señaló que la mayoría se debe a la falta de contestación de los ciudadanos, lo que provoca un aumento de los litigios judiciales.

También apuntó que en servicios públicos las 67 quejas recibidas se refieren a la falta de información de la administración.

Alcaide se congratuló del convenio que firmará el Diputado del Común con las oficinas de defensores del ciudadano de los ayuntamientos, y abogó porque las administraciones públicas fomenten los mecanismos necesarios para que los ciudadanos sean escuchados.

En el área de vivienda, el Diputado del Común recibió durante 2007 un total de 52 quejas relacionadas con la falta de entrega de inmuebles o su falta de calificación.

En educación se han presentado 44 quejas que se deben, explicó Alcaide, preferentemente a la falta de medios para atender a alumnos con necesidades especiales.

En el área de menores, Alcaide detalló que se han presentado 34 quejas motivadas, entre otros aspectos, por la ausencia de un sistema de detección de riesgo, por la falta de coordinación en las actuaciones de la administración o por la convivencia conjunta en los centros de niños pequeños con adolescentes.

Los ciudadanos, apuntó Alcaide, se quejan también de la lentitud del sistema de adopciones y de la falta de personal cualificado en los puntos de encuentro familiar.

Respecto a los menores inmigrantes no acompañados, de los que, según el informe, sólo un 40 por ciento están escolarizados, Alcaide señaló que el debate sobre quién tiene la responsabilidad de atenderlos lo deben dirimir los políticos y no la institución que preside.

En su intervención también se refirió a las 30 quejas presentadas por discapacitados y en mayores, anunció que se está haciendo un seguimiento de la ley de dependencia.

Miguel Cabrera, del grupo Popular, dijo que como es su deber el Diputado del Común continúa metiendo "el dedo en el ojo" de las administraciones y lamentó que un ex juez tenga que poner de manifiesto el mal funcionamiento de la justicia.

Flora Marrero, de Coalición Canaria, señaló que el Diputado del Común debe actuar de oficio ante el mal funcionamiento de la administración y valoró aspectos del informe referidos a colectivos como los discapacitados.