CHA denunciará el decreto para el abastecimiento de agua ante la UE porque contraviene el derecho comunitario

Zaragoza.-  Chunta Aragonesista (CHA) denunciará hoy ante la Comisión Europea el decreto para el abastecimiento de agua a Barcelona, porque considera que su finalidad es una infraestructura permanente para un trasvase entre dos cuencas que contraviene el derecho comunitario.

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(EFE)

En la imagen, la presidenta de Chunta Aragonesista (CHA), Nieves Ibeas.

Así lo anunció la presidenta de CHA, Nieves Ibeas, quien precisó que también llevará este asunto ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y el objetivo, recalcó, es que Europa se pronuncie respecto a una autorización de un trasvase que contraviene la Directiva Marco de Agua y todos los instrumentos de planificación hidrológica de España, entre ellos el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro.

La denuncia, precisó, se basa en la finalidad del decreto, una infraestructura "permanente", reiteró, para un trasvase entre dos cuencas y además, sin agotar otras alternativas para paliar la sequía, como el ahorro.

Consideró además que esa infraestructura "no encaja de ninguna manera" con los instrumentos de planificación hidrológica vigentes en España, desde el modificado Plan Hidrológico Nacional hasta el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro cuando además se aplica para resolver una situación transitoria de sequía, contra la que Cataluña no tiene siquiera un plan de gestión.

Advirtió, finalmente, de que su disposición adicional cuarta, "abre las puertas de manera peligrosa a la autorización a otros trasvases".

Denunció la "alegría" con la que se usan fondos públicos porque no hay emergencia, tachó de "sospechoso" que el Gobierno central no haya pedido para esta obra fondos de la UE, que se tiene que pronunciar, incidió, porque a su juicio es "muy extraño" que no se apliquen medidas tarifarias y se renuncie a la recuperación de los costes de una obra que requiere una inversión muy alta, 180 millones de euros.

Ibeas estimó que la Comisión Europea debe dar su parecer sobre las carencias de estudios de impacto ambiental, económico y social, a pesar de la conflictividad que ha generado dentro y fuera de Cataluña.