ARCA dice que se ejecutarán derribos y pide a la Cámara que matice su resolución

Santander.-  ARCA ha asegurado hoy que la resolución del Parlamento regional que suspende los derribos de viviendas con sentencias de demolición sólo supondrá un "retraso" en la plena ejecución de esos fallos, y ha pedido a la Cámara que "matice" esa declaración que "genera un problema" al Gobierno y los tribunales.

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(EFE)

En la imagen, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa.

En rueda de prensa, el vicepresidente de ARCA, José Ángel Herrera, ha cuestionado el "error" que supone la resolución que aprobó por unanimidad el Parlamento de Cantabria el pasado 17 de diciembre, que encomienda al Gobierno establecer un plan para "dar solución" a los problemas de los afectados por las más de 500 sentencias firmes de demolición en la comunidad autónoma.

En este sentido, ha apuntado a las providencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que suspenden temporalmente la ejecución del derribo de 244 viviendas en las urbanizaciones Pueblo del Mar, Las Llamas y El Encinar, en Argoños y Arnuero, y ha opinado que se trata de "un simple incidente" que sólo supondrá "un pequeño retraso" en las demoliciones.

El presidente de ARCA, Gonzalo Canales, ha enfatizado que el Gobierno de Cantabria no puede legalizar las viviendas que tienen sentencias de demolición porque sería "un escándalo" y "casi como prevaricar".

Este responsable de ARCA ha asegurado que la asociación piensa insistir en la ejecución del derribo de las viviendas con sentencias firmes de demolición, ya que "intentar la legalización sería una burla al interés general".

Ha recalcado que "cualquier tipo de solución pasa por ARCA", pese a que, a su modo de ver, desde distintos colectivos y estamentos se esté tratando de "ningunear" a la asociación.

"Hemos demostrado que somos los más fuertes, porque hemos ganado en los tribunales a ayuntamientos y a los gobiernos autonómico y central", ha incidido Canales, en referencia a pleitos de la entidad frente a distintas administraciones.

Este portavoz ecologista ha criticado la "ambigüedad" de la resolución del Parlamento cántabro, que sin embargo no requiere al Gobierno para que elabore "leyes más claras" en materia de urbanismo.

En este sentido, el vicepresidente de ARCA, José Ángel Herrera, ha remarcado que la declaración de la Cámara supone "una metedura de pata" y pone en un "serio aprieto" al Gobierno y a los tribunales, que se han visto "envueltos en un extraño procedimiento" para "impedir el cumplimiento de sentencias firmes".

Por ello, ARCA ha instado al Parlamento de Cantabria a que "encuentre la forma de matizar" esa declaración, de tal modo que se enfatice "que en un Estado de Derecho las sentencias firmes dictadas por los tribunales están para ser ejecutadas".

De cualquier modo, la asociación ecologista señala que todo ello puede realizarse "sin menoscabo de que el Parlamento investigue el contenido de las sentencias para promover acciones legislativas que aporten más seguridad".

Los responsables de ARCA tampoco descartan que se emplace a los poderes públicos a que busquen compensaciones para los propietarios de viviendas con sentencias de derribo.

Canales ha recalcado que "ahora el problema se le viene encima al Gobierno regional" porque es quien tiene "que responder ante el TSJC qué ha hecho" en relación a la resolución del Parlamento y para dar soluciones a los afectados.