Lima.- El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) condenó hoy "moral y éticamente" a 24 corporaciones multinacionales europeas, siete de ellas españolas, por "graves, claras y persistentes violaciones" de los derechos civiles, sociales, económicos y ambientales.
Entre otras, la empresa Repsol fue acusada por organizaciones sociales de Argentina, Bolivia y Ecuador de contaminar, reducir áreas naturales y contraer contratos ilegales.
Este tribunal, que actúa simbólicamente desde hace 29 años para dar visibilidad a las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales, también condenó el modelo y las prácticas económicas permitidas por la Unión Europea (UE).
Según opinó a Efe el secretario general de la TPP, Gianni Tognoni, esta condena, si bien no deja de ser "simbólica", es lo "suficientemente específica como para ser empleada como herramienta jurídica en un tribunal".
"En el dictamen hay argumentos suficientes para animar un movimiento y un enjuiciamiento que no sea solo simbólico", afirmó Tognoni.
Entre las "condenadas" están las españolas Repsol YPF, Telefónica, Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, FCC, BBVA y Banco Santander. Ninguna de las empresas juzgadas fue absuelta.
El TPP emitió este dictamen después de tres días de audiencias realizadas en el marco de la III Cumbre de los Pueblos de Lima, foro alternativo a la V Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la UE (ALC-UE) que se desarrolla en la capital peruana.
Durante esos días, un jurado compuesto por economistas, políticos, juristas y sociólogos de ambos continentes presidido por el sacerdote belga François Houtart escuchó denuncias presentadas contra 24 empresas europeas, siete de ellas españolas, por organizaciones sociales americanas.
Para el TPP, cada caso juzgado "ha puesto muy claramente en evidencia que las violaciones que se denuncian no son accidentes casuales sino expresiones normales de como las prácticas concretas de violación de derechos por las trasnacionales pueden desarrollarse con total permisividad de las autoridades públicas responsables".
Asimismo, el tribunal expresó su preocupación porque, según dijo, en la política económica europea "la prioridad parece reconocida a los intereses comerciales por encima de los principios de desarrollo sustentable y respecto a los derechos humanos y de los pueblos".
Entre otras, la empresa Repsol fue acusada por organizaciones sociales de Argentina, Bolivia y Ecuador de contaminar, reducir áreas naturales y contraer contratos ilegales, además de no cumplir con los niveles de inversión comprometidos.
Telefónica fue procesada por acusaciones de dañar la soberanía de los pueblos con presuntas presiones para que Bolivia no nacionalice su servicio de telecomunicaciones.
El TPP encontró que las multinacionales europeas vulneran las relaciones laborales en América Latina "a través de la precarización y la explotación laboral y la criminalización de la protesta social".
Asimismo, dictaminó que la acción de las multinacionales causa daños al medio ambiente, lo que incide directamente en la seguridad de la alimentación y la accesibilidad al agua de grandes segmentos de población.
Las multinacionales también fueron juzgadas por fomento de la corrupción, un práctica que el TPP consideró "casi común en el otorgamiento de operaciones de explotación y en privatizaciones".
En este sentido, la sentencia destacó los casos de la empresa Unión Fenosa en Nicaragua y el de la constructora sueca Skanska en Argentina.
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