El presidente del Cabildo de La Gomera pedirá explicaciones por el cese del servicio de Garajonay

San Sebastián de La Gomera.-  El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, acusó hoy al Gobierno canario de permitir la interrupción del transporte marítimo interior, y advirtió de que se pedirá responsabilidades a Paulino Rivero si se confirma la supresión del servicio que presta la naviera Garajonay Exprés.

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(EFE)

En la imagen, el Garajonay Exprés saliendo del muelle de San Sebastián rumbo a Los Cristianos.

En un comunicado, Casimiro Curbelo anuncia que la institución insular celebrará mañana un pleno extraordinario para abordar la problemática de las comunicaciones marítimas.

Recuerda que mañana es el ultimo día en el que está previsto que opere la naviera Garajonay Exprés, desde la que se ha confirmado al Cabildo que el día 15 trabajarán con normalidad, pero dejarán de funcionar el viernes.

"Mañana se volverá a plantear un pronunciamiento unánime de todos los representantes públicos de La Gomera a favor del servicio público que une por mar los pueblos de Valle Gran Rey, Playa de Santiago y San Sebastián", avanza Curbelo.

Añade que se rechazará la paralización de las conexiones que se prestan en la actualidad, tal y como también ha sido rechazada por colectivos sociales y el conjunto de la sociedad insular.

"Resulta incomprensible que el Ejecutivo regional haya permitido que lleguemos a la situación en la que nos encontramos hoy", comenta.

Recuerda Casimiro Curbelo que el transporte marítimo interior arrastra una situación precaria desde el pasado mes de noviembre, cuando el Gobierno canario suprimió las ayudas que permitían prestar un servicio en condiciones asequibles, como consecuencia del fin del contrato de obligación de servicio público al que se vinculaban las subvenciones.

"Ya entonces hubo pronunciamientos de todas las instituciones públicas de la isla, que con el Cabildo al frente exigimos una solución y se nos respondió con un encuentro con el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero", indica.

Destaca el compromiso de Rivero de realizar en el plazo de un mes un estudio que determinara las soluciones, que, según critica, transcurridos casi seis meses no han terminado de llegar.

"Lo único que se ha dicho es que se licitará de nuevo la obligación de servicio público, reconocida incluso en sentencia judicial, pero no se han arbitrado medidas para evitar la supresión", argumenta.

Curbelo alude al silencio del Gobierno de Canarias ante la propuesta del Cabildo, en la que, además de la necesidad de que la línea marítima sea declarada como obligación de servicio público, se abogaba por establecer los mecanismos necesarios para asegurar el mantenimiento de las conexiones.

Agrega que esto implica cubrir el déficit de explotación hasta que se pueda poner en marcha la referida declaración.