El PP dice que la Junta necesitará más 7.000 millones para hacer VIPP a todos los demandantes

Toledo.-  El secretario general del grupo popular en las Cortes, Marcial Marín, ha dicho hoy que si la Junta encargara viviendas de iniciativa público privada (VIPP) para todos los demandantes que hay en la región, tendría que presupuestar 7.176 millones de euros para garantizar su venta a los promotores.

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(EFE)

El secretario general del grupo popular de las Cortes de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ha informado hoy en el Convento de San Gil de Toledo de la repercusión de las medidas del Pacto por la vivienda en la región.

Marín ha indicado hoy en una rueda de prensa que con el Pacto por la Vivienda el presidente de la Junta, José María Barreda, hace "inalcanzable" para 35.600 jóvenes de la región una vivienda y sentencia "de muerte" a la vivienda protegida en Castilla-La Mancha.

Según Marín, con el Acuerdo por la Vivienda que Barreda firmó ayer con los agentes sociales esos 35.600 jóvenes necesitarían destinar el 87 por ciento de su sueldo durante cincuenta años para acceder a una de esas viviendas de iniciativa público-privada.

El diputado del PP ha asegurado que el Pacto por la Vivienda contribuirá a una escalada de precios de la vivienda "sin precedentes en la región".

Marín, que ha acusado a Barreda de "frustrar la esperanza" de 35.600 jóvenes de la región, ha afirmado que no pueden ser éstos "los que paguen las pérdidas del ladrillo".

Además, ha dicho que la iniciativa de las viviendas VIPP, a las que denominó "viviendas indecentes y prohibitivas por su precio", son una muestra más del "socialismo manchego" que perjudica a los que menos recursos tienen.

Marín ha asegurado que si Barreda encarga la construcción de 47.844 viviendas VIPP para los demandantes de vivienda que hay en la región tendrá que pagar 7.176 millones de euros (el 81 por ciento del presupuesto regional) y si tiene que ayudar a los jóvenes que se han apuntado para obtener una VPO con un precio de referencia de 69.000 euros, no los hasta 150.000 de las VIPP, le costaría 3.862 millones de euros.

Para Marín, Barreda se ha convertido en el "verdugo de la vivienda protegida en Castilla-La Mancha" y se ha preguntado quién va a querer unas viviendas que tendrán un precio de 2.143 euros el metro cuadrado frente a los 986 euros por metro cuadrado que cuesta la vivienda protegida, es decir un 117 por ciento más.

Además, ha recordado a Barreda que en Castilla-La Mancha no sólo hay veinte, veinticinco o treinta constructores, sino 25.945 empresas que se dedican a la construcción y que también tienen derecho a participar en el plan.

El diputado del PP ha criticado también al Pacto por la Vivienda por considerar que va contra la autonomía y la financiación de los ayuntamientos, pues la Junta va a promover mediante concursos púbicos la transferencia y la reclasificación de suelo, quitando así financiación a los municipios.

Marín ha dicho que, además, con el Acuerdo de Vivienda se modifica el IV Plan de Vivienda de Castilla-La Mancha, cuyo horizonte era 2010 y se traslada a 2015, y ha pedido a la ministra del ramo, Beatriz Corredor, que aclare si en el Plan Estatal de Vivienda 2008-2012 habrá financiación para las VIPP.

Para Marín, que ha dicho que la financiación de vivienda privada no debe ser objetivo de las administraciones, con el Pacto por la Vivienda se empeorará, además, la calidad de vida de los residentes establecidos en Castilla-La Mancha, pues se aumentará el número de viviendas sin revisar la edificabilidad.

Preguntado por que el PP no acudió ayer al acto de la firma del Pacto por la Vivienda entre la Junta y los agentes sociales, Marín ha respondido que el PP "no va de convidado de piedra" a la firma de un plan cuyo contenido desconoce y no ha sido presentado en las Cortes.

Marín también ha respondido, respecto a la "soledad" que el PSOE denuncia en que se encuentra el PP en este asunto, donde promotores y agentes sociales se han sumado al Acuerdo por la Vivienda, que el PP no está sólo, pues representa al 50 por ciento de los votantes.

Además, ha dicho que el grupo popular defiende a los 119 municipios de la región, no sólo a los 39 en que el Pacto prevé hacer las viviendas, así como a los jóvenes que están registrados como demandantes y a las más de 20.000 empresas de construcción que hay en la región.