Suscrito un acuerdo que pretende garantizar una vivienda asequible a casi 50.000 demandantes

Toledo.-  El Gobierno de Castilla-La Mancha, el Ministerio de Vivienda y los agentes sociales y económicos de la región han firmado hoy un acuerdo por el que se comprometen a adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a una vivienda asequible a los casi 50.000 demandantes registrados en la comunidad.

El Pacto por la Vivienda ha sido suscrito en Toledo por el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda; la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, y los responsables de CCOO, UGT y la Confederación regional de Empresarios (CECAM), José Luis Gil, Carlos Pedrosa y Jesús Bárcenas, respectivamente.

La principal medida del pacto, con horizonte temporal 2008-2015, es la creación de un nuevo tipo de vivienda público-privada (VIPP) que los empresarios construirán con la garantía de financiación y de venta por parte del Ejecutivo a cambio de que las hagan en los lugares donde hay demanda y de que renuncien a un margen de sus beneficios.

Serán viviendas privadas realizadas sobre suelo de titularidad pública, de unos 70 metros cuadrados, con un precio de entre 130.000 y 150.000 euros, y, según Barreda, no se harán "en vez" de las viviendas de protección oficial, sino "además de ellas".

La ministra de Vivienda ha manifestado que el acuerdo aporta una solución "imaginativa" a la situación que atraviesa Castilla-La Mancha, aunque ha dejado claro que el propósito del Gobierno es "no impedir artificialmente el necesario ajuste del sector" de la construcción, sino hacer que ese ajuste se produzca "de forma inteligente".

Así, según la ministra, las empresas "más competitivas, innovadoras y productivas" serán "las que salgan reforzadas" y se conducirá al sector "hacia un horizonte óptimo de equilibrio" que permita "diversificar el crecimiento económico" en España.

El presidente de Castilla-La Mancha ha subrayado la importancia del compromiso adoptado por los agentes sociales y económicos y ha indicado que el pacto sigue abierto a las formaciones políticas que no se han sumado a él, en alusión al PP, que ha manifestado su oposición a este acuerdo.

Barreda ha subrayado que el principal objetivo del acuerdo es que los más de 47.800 demandantes de vivienda que hay registrados en la comunidad, el 74 por ciento de ellos jóvenes, accedan a una a un precio asequible.

Para ello, ha dicho, era imprescindible el compromiso de los empresarios y de los sindicatos, pues el Gobierno regional no podría hacer "jamás" 50.000 viviendas en dos años, algo que sí pueden lograr los empresarios.

De paso, el acuerdo servirá para ayudar a un sector que en estos momentos "atraviesa por dificultades", así como a industrias auxiliares de tanto peso en la región como la de las puertas o la de la cerámica industrial.

Se trata, ha dicho Barreda, de "echar una mano a la mano invisible que mueve el mercado para poner en relación la oferta y la demanda".

Además de la medida 'estrella' de las VIP, el acuerdo implicará reformas legales para que se pueda ampliar el número de viviendas previstas en un plan general de ordenación sin variar la edificabilidad máxima prevista y sin revisar ese instrumento de ordenación.

También se ayudará a los promotores que quieran generar suelo y la Junta promoverá concursos públicos para la transformación de suelo en los municipios donde haya demanda de vivienda.

Para acceder a este tipo de viviendas será requisito obligatorio estar inscrito en el registro de demandantes y se modificará el sistema de adjudicación para agilizarlo y para ordenar a los demandantes por antigüedad, con reservas de cupos para colectivos necesitados. Las Oficinas de Vivienda actuarán así como elementos centrales de la gestión de demanda.

En cuanto a la financiación, a través del Instituto de Finanzas regional y con el apoyo de las entidades financieras se abrirán líneas de crédito convenidas para los constructores.