Valladolid.- La violencia contra las mujeres de entre 16 y 44 años causa en el mundo más muertes que el cáncer, los accidentes de tráfico o la guerra.
Las procuradoras popular y socialista, Mª Ángeles Armisén (i) y Elena Sánchez (d), respectivamente, conversan con la directora de la Oficina de Representación Permanente de Castilla y León en la UE, Mª José de No (c), durante una jornada sobre "La violencia contra las mujeres en los estados miembros de la Unión Europea", celebrada hoy en el parlamento regional.
Así consta en la Declaración que los Grupos Políticos de las Cortes de Castilla y León han consensuado y publicado hoy con motivo del "Día de Europa ante la Violencia contra las Mujeres" y cuyo contenido formará parte de las iniciativas que integrarán el dictamen que se llevará al Comité de las Regiones de Europa.
Este dictamen había sido solicitado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en su calidad, ahora, de presidente de la delegación española del Comité de las Regiones, con el fin de aglutinar aportaciones de otras Autonomías y de la propia Unión Europea para redactar una serie de recomendaciones y erradicar la violencia machista.
Dicha Declaración recoge datos y cifras de estudios recientes de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa donde se señala que cada dieciocho segundos una mujer es maltratada en el mundo y que al al menos una de cada cinco es víctima de malos tratos en su propio hogar.
Otras aportaciones internacionales revelan que la situación no es menos escandalosa a nivel europeo ya que entre el 12 y el 15 por ciento de las mujeres europeas mayores de 16 años sufre abuso en su relación de pareja, a veces incluso después de que ésta ya no exista.
Suscrita unánimemente por los Grupos parlamentarios de Castilla y León tras haberse reunido esta mañana en la sede del Legislativo en dos sesiones durante una jornada sobre "La violencia contra las mujeres en los estados miembros de la Unión Europea", la Declaración propone una serie de medidas y se complementa con once compromisos.
Las medidas hablan de aumentar la seguridad de las mujeres, formar a profesionales de distintos ámbitos, crear unidades especiales dentro de los cuerpos de seguridad, sensibilizar a la ciudadanía, educar a la infancia y hacer campañas contra los malos tratos.
También se refieren a la promoción de programas de modificación de conductas en los agresores, cómo entender la masculinidad y la feminidad, garantizar la igualdad de trato en todos los ámbitos de la sociedad, recoger estadísticas en todos los estados miembros, hacer un estudio sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres y promover el intercambio de buenas prácticas entre los países.
En cuanto a los compromisos, su resumen se concreta en la condena de esta lacra social por "ser un atentado contra la integridad, dignidad y derechos humanos", en fomentar una actitud crítica contra el maltrato, impulsar los valores de la igualdad de oportunidades y conseguir "una auténtica tolerancia cero contra los agresores".
El apoyo a las asociaciones contra la violencia, el fomento de la conciencia social, de las políticas preventivas y de intervención integral en apoyo de las víctimas y contra los maltratadores y la atención específica a sectores de la inmigración y del mundo rural son también otros aspectos.
Los compromisos terminan reclamando la actuación urgente de las administraciones y pidiendo apoyo político primordial contra este tipo de violencia en las agendas de los países comunitarios.
La violencia de género nace de la idea que tiene el agresor de la superioridad del sexto masculino sobre el femenino, en el contexto de una relación desigual, se afirma en la Declaración, añadiendo que "se tiene constancia de que existen casos de esta violencia en todos los países miembros de la Unión "Europea".
La delegada de Castilla y León ante la Unión Europea, María José de Nó, ha explicado a la prensa que Herrera quiere que sea en Europa donde se aporten soluciones contra esa lacra social, basándose en la experiencia de los debates que sobre este asunto se están llevando a cabo en esta Comunidad.
Ha añadido que a lo largo del año se irán añadiendo nuevas iniciativas para que el dictamen mencionado llegue en diciembre próximo ante las instancias europeas para recibir el visto bueno.
En nombre del Grupo Socialista, la procuradora Elena Pérez ha dicho que lo que hoy se ha aprobado ha sido un compromiso de mínimos para seguir trabajando y para que se unifiquen criterios en todos los estados de Europa.
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