Aprobada la nueva Ley que reestructurará el sector público empresarial aragonés

Zaragoza.-  Las Cortes de Aragón aprobaron hoy, con los votos a favor de PSOE y PAR, el proyecto de Ley de reestructuración del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón, una reforma que permitirá a los grupos de la oposición tener más representación.

El proyecto de Ley fue aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 1 de abril y contempla la constitución de una Corporación Empresarial Pública con el objetivo de mejorar la coordinación y gestión de la información, incorporando los principios de responsabilidad social corporativa.

La Corporación Empresarial Pública, en la que la oposición podrá tener dos representantes, aglutina las participaciones de la Administración en unas setenta sociedades, que cuentan con un volumen de negocio anual de unos 600 millones de euros, de los que sólo 200 millones proceden directamente de la Comunidad.

Los grupos de la oposición presentaron dieciocho enmiendas, siete de las cuales fueron aprobadas al llegar a un acuerdo los portavoces de los grupos durante un receso del Pleno de las Cortes, en el que hoy se debatía el citado proyecto de Ley.

Según las enmiendas, se establece que cuando la Corporación disponga de la facultad de designar a tres o más miembros en el órgano de administración de una empresa pública, uno de los miembros será propuesto por las Cortes a instancias de los grupos de la oposición.

Además, el órgano de administración de la Corporación tendrá dos representantes de la oposición, y no uno como se había establecido en el proyecto aprobado el pasado mes de abril.

La Ley contó con los votos a favor de PSOE y PAR, la abstención de CHA y PP y el rechazo de IU, cuyo diputado, Adolfo Barrena, lamentó la forma en la que se aprobó la Ley, que en su opinión deja fuera a su grupo y dificulta el trabajo a las minorías.

Miguel Guedea, del PP, reconoció que la Ley ha tenido "un avance sustancial" aunque explicó que los populares no votaron a favor por varias cuestiones, entre ellas el hecho de que con esta representación no se respeta el principio de la proporcionalidad, es decir, la diferencia de votos y de escaños de los grupos.

Finalmente, consideró que las empresas participadas deberían haber tenido un "tratamiento específico" e insistió en que no permitirá que se reduzca la labor de oposición que se lleva a cabo por parte del PP en las Cortes.

El portavoz de CHA, Chesús Yuste, hizo hincapié en que en el debate se ha notado la ausencia de ponencia, ya que "no ha sido una tramitación serena" y ha habido algunos errores, aunque valoró "el gesto" de los grupos que apoyan el Gobierno de proponer "que los dos grupos principales de la oposición tengamos representación".

Consideró que se trata de una solución intermedia y un "gesto mínimo", pero dijo esperar que sea suficiente para avanzar en la transparencia de estas empresas públicas y "acabar con los reinos de Taifas" que se habían instaurado en algunos departamentos del Gobierno de Aragón.

Por su parte, el diputado de IU, Adolfo Barrena, insistió en que se trata de una Ley "importante, básica y necesaria" teniendo en cuenta "la proliferación de empresas públicas y semipúblicas en la Comunidad", una situación que en su opinión exige un nuevo modelo de gestión negociado, acordado y consensuado con todos los grupos.

Antonio Piazuelo, del PSOE, dijo que es un día de satisfacción para el Gobierno, ya que durante la pasada legislatura ha estado oyendo críticas "por la posible falta de información" sobre las empresas públicas, algo que con esta ley se va a solucionar ya que la oposición tendrá información "en tiempo real".