La Fiscalía describe la construcción ilegal de Hidalgo como "pelotazo innecesario"

Palma.-  El fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha afirmado hoy en las conclusiones del primer juicio por el "caso Andratx" que la construcción ilegal realizada por el ex alcalde Eugenio Hidalgo, en una parcela considerada zona protegida, es "un pelotazo innecesario".

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(EFE)

En la imagen, el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, durante la tercera jornada del juicio de la primera causa de las 70 que tiene pendiente con la justicia.

En la que previsiblemente será la última jornada del juicio oral por la primera pieza del llamado "caso Andratx", sobre la construcción de un chalé en una caseta de aperos ubicada en un terreno con la calificación de ARIP (Área Rústica de Interés Paisajístico), Carrau ha iniciado la vista argumentado durante alrededor de una hora las peticiones de pena del ministerio público.

Carrau ha pedido al tribunal que imponga la pena máxima solicitada "no por sentencia ejemplar, sino porque lo dice la ley".

"Que el director general vaya por las tardes a ayudar al alcalde en una obra ilegal es para elevar la pena", ha dicho el fiscal, quien también ha considerado agravante que el ex alcalde "alardee públicamente" de dicha construcción.

Según Carrau, el delito contra la ordenación del territorio ha quedado probado y es un hecho "grave porque es deliberado", ya que según ha indicado, el ex alcalde, al comprar la parcela "ya está buscando la comisión del delito".

"Tiene otros inmuebles, otras parcelas, un piso en la avenida Picasso..., Hidalgo tiene derecho a tener su 'locus amenus' o lugar de esparcimiento, pero no parece lógico que busque encima dar un pelotazo y comprar a precio de suelo protegido para luego desprotegerlo", ha destacado Carrau.

El fiscal ha reiterado que la construcción se ha llevado a cabo "sin ninguna licencia que lo amparase, no hay vía alguna de legalizarla y debe ser demolida completamente".

El fiscal ha mencionado varias circunstancias que, en su opinión, deben ser valoradas como agravantes para imponer la pena en su grado máximo, como el hecho de que Hidalgo, como alcalde, se haya servido de sus funciones públicas para la comisión del delito, que la obra sea desproporcionada y haya habido actos de encubrimiento posteriores.

"Construye la vivienda ilegal delante de la sección de Urbanismo, con lo que parece reclamar la prepotencia de 'por mis poderes lo hago delante de todos'", ha dicho Carrau.

Carrau ha afirmado que el ex director general de Ordenación del Territorio Jaume Massot es responsable "por participación directa en proceso constructivo y posterior de todo el plan criminal", ya que "tutela, controla y supervisa el plan para llevar a cabo la construcción ilegal" por lo que lo ha considerado "colaborador necesario en la comisión del delito".

"Da consejo inicial, reconduce al ingeniero que le puede hacer el proyecto, acompaña al celador en la tramitación administrativa inicial y, cuando Massot descubre que se ha construido una vivienda unifamiliar, le ayuda a legalizarlo todo y ocultar el delito", ha dicho Carrau.

El fiscal ha culpado a Massot de "conseguir que el expediente sea un caos absoluto" y ha recordado la declaración de algún testigo acerca de no haber conocido antes "otro expediente en el que hubiera tanta manipulación".

Sobre el delito de prevaricación administrativa que se imputa a Hidalgo, Massot y el ex asesor jurídico José Ignacio Mir, Carrau ha dicho que "lo que se le concede no es una licencia, es un cheque en blanco que le permite (al ex alcalde) construir hasta el infinito".

"Los parámetros de edificación están en blanco, llega a hacer la madre de todas las naves agrícolas de Mallorca y la licencia lo permite", ha ironizado Carrau.

Según Carrau, el incumplimiento de la ley en este aspecto es "palmario", con elementos como no haber elevado el expediente a la Conselleria de Agricultura ni haber hecho una consulta a otra entidad, circunstancia que, para el fiscal, tanto Massot como el abogado Mir han permitido.

Sobre Gibert, Carrau ha recordado que el ex celador municipal ha reconocido que se estaba cometiendo un delito cuando su obligación era impedirlo.