Estados Unidos reanuda la pena de muerte con la ejecución de un asesino en Georgia

Washington.-  Estados Unidos reanudó hoy la aplicación de la pena de muerte, tras una moratoria de siete meses, con la ejecución en Georgia de un hombre que hace casi 20 años secuestró y asesinó a su pareja.

William Earl Lynd, de 53 años, fue ejecutado con una inyección letal, después de que el Tribunal Supremo rechazara un recurso presentado por sus abogados y el Supremo de Georgia negara un aplazamiento para dar tiempo al análisis de nuevas pruebas forenses, según sus abogados.

"La muerte de Lynd fue constatada a las 19.51 locales (23.51 GMT)", dijo a Efe un portavoz del penal de Jackson donde se llevó a cabo el castigo.

El gobernador de Georgia, Sonny Perdue, declinó intervenir en favor del condenado, tras manifestar que el Supremo había tomado una decisión correcta al autorizar el método de la inyección letal.

Perdue también insistió en que su estado no tuvo la intención de ser el primero en aplicar el castigo desde su suspensión.

El lunes, la Junta de Perdones y Libertad bajo Palabra del estado había rechazado una solicitud de clemencia en la carrera contra el tiempo lanzada por sus abogados para impedir o retrasar la ejecución.

Lynd fue condenado a muerte por el secuestro y asesinato de su pareja, Ginger Moore, después de consumir ambos Valium, marihuana y alcohol.

Durante el juicio, los fiscales señalaron que la mujer murió lentamente y que recuperó el conocimiento en dos ocasiones tras recibir los balazos en la cabeza.

Lynd enterró el cuerpo de Moore en una fosa en el condado Tift y se fue a Ohio, donde mató a balazos a otra mujer con la misma arma con la cual había asesinado a Moore. Fue arrestado el 31 de diciembre de 1988 y devuelto a Georgia.

Al presentar una apelación en Georgia, los abogados de Lynd afirmaron que su condena en el condado Berrien se obtuvo sobre la base del testimonio defectuoso de un médico forense que condujo la autopsia de Moore.

La última ejecución en EE.UU. se había llevado a cabo en Texas el 25 de septiembre del año pasado, el mismo día en que el Tribunal Supremo accedió a considerar los casos de dos condenados a muerte en Kentucky que aseguraron que la inyección letal era un castigo cruel e inhumano y, por lo tanto, anticonstitucional.

El Supremo rechazó ese argumento, con lo que abrió una vez más la puerta al uso de la inyección letal como método para aplicar el castigo.

Con la de Lynd suman 1.100 las ejecuciones efectuadas en EE.UU. desde que el Tribunal Supremo restableció la pena de muerte en 1976.

El castigo se aplica en 37 de los 50 estados del país y el método es la inyección letal en todos, menos en Nebraska que usa la silla eléctrica.

La inyección letal consiste en la administración de tres sustancias: pentotal sólido, que es un anestésico para que el condenado pierda el conocimiento; bromuro de pancuronio, que paraliza los músculos excepto el corazón, y cloruro de potasio, que detiene el funcionamiento cardíaco y causa la muerte.

La aplicación de la pena de muerte se ha reducido progresivamente en EE.UU. pese a que todavía es aprobada por la mayoría de la población, según las últimas encuestas.

Sin embargo, la aplicación del castigo ha sido criticada por organismos de defensa de los derechos humanos que afirman que se usa más en los negros que en los blancos y especialmente en los estados del sur del país.

Señalan que muchas de las ejecuciones se han practicado con fallos procesales y que, en varios casos, a la mayoría de los condenados se le ha asignado abogados de oficio sin competencia penal.

Detractores del castigo se congregaron frente al Centro de Rehabilitación Penal en la ciudad de Jackson para protestar por la ejecución.

"Pese a los bien documentados problemas en nuestro sistema de la pena de muerte, es perturbador que Georgia se haya apresurado a volver a poner en marcha la maquinaria", afirmó Laura Moye, presidenta de "Georgianos por Opciones a la Pena de Muerte".

El año pasado, antes de entrar en virtual moratoria en septiembre, se efectuaron 42 ejecuciones, el menor número desde 1994, cuando fueron ejecutados 31 convictos.

El año más inclemente en la aplicación del castigo fue 1996, cuando se aplicó a 317 condenados.