Zaragoza.- Un total de 17.176 aragoneses ya tienen valorada su dependencia, es decir el 86,62 por ciento de las 19.828 solicitudes presentadas, mientras que sólo 2.427 están recibiendo algún tipo de prestación económica o servicio directo.
Para Chesus Bernal, de CHA, la intervención del director general fue decepcionante, ya que se ha "pavoneado" de una situación pero en realidad no son eficaces ni eficientes.
Estos datos fueron aportados hoy por el director general de Atención a la Dependencia del Gobierno de Aragón, Luis Miguel Bo, en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento autonómico, donde compareció a petición de la consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, para informar de las líneas generales de la citada dirección.
En su comparecencia, Bo se refirió a la Ley de la Dependencia como "uno de los mayores retos de política social de las últimas décadas" y uno de los objetivos prioritarios del presidente aragonés, Marcelino Iglesias, y de la consejera, y en cuya implantación y gestión Aragón es referente para algunas comunidades autónomas.
Sin embargo la oposición, tanto el PP como CHA e IU, criticaron el retraso en la aplicación de las prestaciones y derechos que fija la Ley para los grandes dependientes en 2007 y los severos en 2008, y pidieron explicaciones por esta situación.
El director general informó de que de las 19.828 solicitudes presentadas en Aragón para valorar la dependencia, a fecha de 2 de mayo de 2008 se habían evaluado 17.176 (entre ellas todas las de 2007), de ellas 3.739 en la provincia de Huesca (el 91,02 por ciento), 2.390 en la de Teruel (el 93,95 por ciento) y 11.047 en la de Zaragoza (el 83,84 por ciento).
Asimismo, dijo, las resoluciones que se han emitido y enviado tanto a los demandantes de evaluación como a los órganos administrativos competentes para los correspondientes programas individuales de atención y emisión de los informes sociales necesarios ascienden a 12.252, es decir el 71,33 por ciento de las valoraciones efectuadas.
El perfil de los solicitantes corresponde mayoritariamente a personas mayores, de más de 81 años, mujeres y grandes dependientes.
La aplicación del catálogo de servicios y prestaciones que desarrolla la Ley desarrolla comenzaron a reconocerse en Aragón antes de finalizar 2007, siendo de las primeras comunidades autónomas en aplicación de todos los procesos y la implantación del sistema.
En la actualidad, informó el director general, y "a pesar del complejo procedimiento e intervención de diversos órganos administrativos" se han conseguido hacer efectivas 760 prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales y 103 vinculadas a servicios de atención residencial y centros de día.
Además de 1.564 servicios de atención residencial y centros de día, agregó Bo, quien afirmó que estas cifras pueden ser leídas desde distintas ópticas, pero si se efectúa una mirada al resto del territorio español "podemos estar más que satisfechos del camino andado, aún pensando que el trayecto a recorrer es largo y no llano".
Entre los objetivos a corto plazo, el director general citó el continuar con el desarrollo normativo y mantener al menos el porcentaje de evaluaciones actuales y que la mayoría de los ciudadanos en situación de dependencia en grado 3 nivel 1 y 2 y grado 2 nivel 2 antes de fin de 2008 tengan previsto su programa individual de atención.
El sistema aragonés de atención a la dependencia "es una realidad, ha comenzado su andadura, y es una enorme responsabilidad la que todos tenemos en hacer que las personas en situación de dependencia y sus cuidadores reciban sus servicios con la mayor y mejor calidad posible", dijo, y afirmó que "desde la dirección general no se va a ahorrar ningún esfuerzo para ello".
Tras escuchar la intervención de Bo, la portavoz del PP en la Comisión, Rosa Plantagenet, dijo que el director general había empleado palabras grandilocuentes y ha tenido un "papelón" al tener que comparecer en lugar de la consejera, de la que afirmó que "no quiere dar la cara" porque no existe la capacidad económica de la que hablan para la dependencia.
Plantagenet agregó que el procedimiento es lento, farragoso y malo y tachó al Departamento de Servicios Sociales y Familia de "manipulador", al tiempo que señaló que Bo no tiene la capacidad política ni es el responsable de la "situación de caos y desesperanza que se está dando en muchas familias" sino la consejera.
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