El TSJC pide al Instituto de Toxicología en Las Palmas de Gran Canaria que no dependa de Tenerife

Las Palmas de Gran Canaria.-  El presidente del TSJC, Antonio Castro, considera necesario que se cree una delegación del Instituto Nacional de Toxicología en Las Palmas de Gran Canaria que no dependa de la sede de Santa Cruz de Tenerife, que no puede abarcar los casos que se producen en el archipiélago.

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(EFE)

El consejero canario de Justicia, José Miguel Ruano (d), saluda al presidente de la Audiencia provicial de Santa Cruz de Tenerife, José Ramón Navarro (c), y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro, momentos antes de inicarse la reunión de la Comisión Mixta de Cooperación y Colaboración entre el Gobierno de Canarias y el TSJC.

Así lo afirmó hoy en un receso de la comisión mixta de Justicia con el Gobierno canario, cuyo consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, no estima necesaria esta sede, pues la convalidación de las pruebas puede resolverse con la presencia de "algún funcionario" del Toxicológico y lograr así la puesta en marcha de los laboratorios del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, cerrados tras más de un año desde su inauguración.

Estos laboratorios son los "mejores" de España porque cuentan con tecnología punta y aparatos que costaron "una millonada" al Ejecutivo canario y cuya garantía, inicialmente prevista por un año, hizo que el equipamiento costara un 20 por ciento más para que fuera de dos, afirmaron a Efe fuentes del Instituto de Medicina Legal.

Asimismo, aseguraron que no es necesario un convenio con el Ministerio de Justicia para que funcionen, pues según el reglamento de los Institutos de Medicina Legal, el Nacional de Toxicología debe quedar como referencia, por lo que el personal del centro considera que el Gobierno canario pretende que el trabajo que se realice en Las Palmas dependa del Toxicológico de Tenerife.

Ruano insistió en que se requiere un acuerdo con el Ministerio de Justicia porque las pruebas deben ser convalidadas por su Instituto Toxicológico y que a finales de enero envió un borrador de convenio que será tratado en una próxima reunión con los responsables estatales.

Agregó que hay diferencias en cuanto a los criterios de participación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ha realizado pruebas forenses para la Justicia la última década.

Hay que recordar, prosiguió Ruano, "que el edificio se hizo en terrenos de la universidad y forma parte del campus de medicina, y por tanto es imprescindible que la Universidad tenga un papel importante dentro de ese convenio".

En cualquier caso, agregó que hay pruebas que deben realizarse fuera de la isla y tardan hasta seis meses.

Antonio Castro agregó que hay análisis que "necesariamente" se tienen que enviar a Madrid y Sevilla porque el Toxicológico es el "perito oficial" y la delegación de Santa Cruz de Tenerife "no puede abarcar toda la problemática de las islas" y hasta hay quejas por la tardanza que se produce por la acumulación de trabajo que tiene.

Por ello, reiteró la necesidad de que "exista" una delegación del Toxicológico en Las Palmas.

El jefe del Laboratorio de Genética de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Pestano, añadió a Efe que en los últimos diez años se ha demostrado tanto la capacidad como la validez de las pruebas genéticas y toxicológicas que realiza la universidad, siempre admitidas por la Justicia.

El Instituto Nacional de Toxicología es de referencia para cuestiones "muy difíciles" -que no se han dado en Las Palmas en la última década, apostilló-, y son varias las autonomías, como Valencia, Galicia, País Vasco o Madrid, que no mandan a este centro "absolutamente nada", pues resuelven los casos en sus institutos.

Una vez que el propio Gobierno canario se ha dotado de un centro con tecnología punta, a su juicio ya no es necesario contar con el Ministerio de Justicia, por lo que considera que cerrar un acuerdo es una cuestión "opinable" y, en cualquier caso, una decisión política.

Por otra parte, durante la comisión mixta se constató la buena marcha de las obras de infraestructuras como el Palacio de Justicia de Las Palmas, que cumple los plazos y previsiblemente comenzará a funcionar en 2010, detalló Ruano.