MADRID.- La alcaldesa de Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa), Inocencia Galparsoro, de Acción Nacionalista Vasca (ANV), prestará declaración mañana ante el juez Baltasar Garzón como imputada en un delito de asociación ilícita y por posible desobediencia judicial y quebrantamiento de la suspensión de actividades que acordó el magistrado respecto a esta formación política el pasado 8 de febrero.
La alcaldesa de Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa), Inocencia Galparsoro, de Acción Nacionalista Vasca (ANV), prestará declaración mañana ante el juez Baltasar Garzón como imputada en un delito de asociación ilícita y por posible desobediencia judicial y quebrantamiento de la suspensión de actividades que acordó el magistrado respecto a esta formación política el pasado 8 de febrero.
La citación se produjo el pasado viernes mediante una providencia enmarcada en el sumario que tramita el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 contra varios miembros de ANV por delitos de integración en organización terrorista. Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que la citación ha venido provocada por "las últimas actuaciones" llevadas a cabo por la alcaldesa.
RUEDAS DE PRENSA
Galparsoro participó junto a varios primeros ediles de Ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián el pasado día 23 de abril en la que ANV advirtió que no apoyaría las mociones 'éticas' consensuadas por PSE y PNV en las que se solicita la dimisión de los cargos de ANV si no condenan la violencia terrorista.
Los alcaldes consideraron que estas mociones esconden "bajo el maquillaje ético" una "estrategia de represión contra la izquierda abertzale". En la rueda de prensa ANV anunció, además, que presentaría "pueblo a pueblo" sus propias mociones en las que se recoge que las dimisiones y mociones de censura "no contribuyen a la solución del conflicto".
Además, la alcaldesa y los seis concejales de ANV en el Ayuntamiento de Mondragón ofrecieron el 12 de marzo otra rueda de prensa tras el asesinato del ex edil del PSE Isaías Carrasco. En esta ocasión todos ellos se negaron "a entrar en el juego de la condena" de los atentados y destacaron que con esta postura no rompían "ninguna regla democrática".
El Ayuntamiento de esta localidad guipuzcoana rechazó la pasada semana la moción 'ética' planteada de forma conjunta por PNV y PSE-EE para que los representantes de ANV dimitieran de sus cargos si no rechazaban la violencia de ETA. Tan sólo los dos partidos que propusieron el texto lo respaldaron en el pleno, que se desarrolló con protestas de simpatizantes de la izquierda abertzale.
Esta moción viene motivada porque tanto la alcaldesa como los otros siete ediles de ANV en el Ayuntamiento de Mondragón se negaron a condenar el asesinato a manos de ETA del ex concejal socialista de la localidad Isaías Carrasco, ocurrido el pasado día 7 de marzo.
El voto de calidad de Galparsoro sirvió días después del atentado para rechazar una moción de condena del asesinato del ex edil socialista presentada por el PP, en la que se pedía que el Ayuntamiento "expresara su rechazo más absoluto y rotundo al terrorismo de ETA y su repulsa por los métodos que emplea para coaccionar y amenazar al conjunto de la sociedad".
NO AFECTA A CARGOS PÚBLICOS
Según el auto en el que Garzón suspendía las actividades de ANV, esta medida "afecta a todas aquellas actividades que puedan desarrollar como grupo fuera de los estrictos límites de la actividad institucional en las Diputaciones Forales, las Juntas Generales, los ayuntamientos del País Vasco y Navarra y cualesquiera otras instituciones en las que puedan tener representación o intervención, así como el uso de locales, de titularidad pública, como tal grupo".
La medida, que se desarrollará durante un periodo de tres años prorrogable a cinco, afecta a ANV en "todas las actividades orgánicas, públicas, privadas e institucionales" que desarrolle "en todos y cada uno de los ámbitos y organismos públicos, registros, bancos, notarios, fundaciones, asociaciones, sociedades y organismos similares".
No afecta, en todo caso, a las actividades que, "como personas individuales y titulares exclusivos de los correspondientes escaños", puedan ostentar las "personas integradas en la formación política".
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