Arturo Aliaga no aclara la situación del proyecto ni las dudas sobre la solvencia de los promotores

Zaragoza.-  El consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, no despejó hoy ante el Pleno de las Cortes las dudas sobre la situación actual del proyecto de ocio y juego en la comarca de los Monegros, Gran Scala, ni acerca de la solvencia de algunos de los promotores.

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Aliaga intervino en el Pleno en lugar del presidente del Gobierno, Marcelino Iglesias, como había solicitado el PP, cuyo portavoz, Antonio Suárez, criticó que el Ejecutivo se haya metido en este "barro" sin conocer la trayectoria y solvencia o insolvencia de los promotores.

Para Suárez, el Ejecutivo no puede decir que si Gran Scala no sigue adelante no pasa nada cuando respaldó el proyecto con una presentación a "bombo y platillo" en su sede, y anunció que su partido exigirá todas las responsabilidades políticas que procedan porque, en su opinión, cada día parece más la "gran estafa".

Suárez pidió a Aliaga que detallara, entre otras cuestiones, el origen del proyecto -sobre el que su partido dejó, cuando se presentó, una "puerta abierta" a pesar de que no le gustaba la parte del juego- y si en los prolegómenos intervino una persona muy relacionada con el espionaje, o si los promotores han entregado el aval de 20 millones exigido por el Ejecutivo.

Además, acusó al Gobierno de falta de transparencia en torno al proyecto -que tiene, agregó, vinculado un "motorcico" sobre el que tampoco ha dado explicación- y al PSOE y PAR de intentar "taponar" en la Cámara cualquier intento de arrojar luz al respecto al impedir la constitución de una comisión parlamentaria, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza ha acordado, por unanimidad, formar una comisión para obtener información al respecto.

Al respecto, Aliaga replicó que el Gobierno está actuando con la "máxima transparencia", al hacer público el protocolo de colaboración firmado con el grupo que promueve Gran Scala -ILD- y además ha exigido, como garantía de la solvencia y de que se dispone de financiación para adquirir los terrenos, un aval de 20 millones -aunque no aclaró si se ha presentado- a pesar de que no hay ninguna ley española o europea que lo exija.

Hizo hincapié además en que está registrada en Londres, con cinco empresas mayoritarias que representan el 68,5% del capital, de 750.000 libras y una previsión de ampliación de 40 millones de euros.

Asimismo, subrayó que el Gobierno va a intentar "agotar todas las posibilidades" para que el proyecto siga adelante, y si tiene que adecuar la normativa lo hará, porque además responde a la estrategia del Ejecutivo de consolidar el crecimiento económico y el empleo y lograr posicionar como destino turístico internacional a Aragón, en la que se fijaron los promotores, dijo, por su sólida economía y la estabilidad política.

Nieves Ibeas, de CHA, criticó que Iglesias haya demostrado una vez que es "hábil traicionando la confianza de los aragoneses" con un proyecto, idea u ocurrencia, dijo, que iba a ser "la gran esperanza" de Aragón y sobre el que no ha dado "la cara" para aclarar, entre otras cuestiones, las incógnitas sobre los promotores, que están dejando "ríos de tinta" por sus problemas de solvencia y con la justicia.

Por su parte, Adolfo Barrena (IU), tras exigir al Gobierno que recupere la "seriedad" y deseche el proyecto, recriminó a Aliaga que no despejara las dudas sobre la solvencia de algunos de los promotores que arrastran un historial de "timos" y "estafas", además de deudas.

Carlos Tomás, del PSOE, recalcó que los socialistas siguen creyendo en la oportunidad que representa la instalación de Gran Scala en Aragón, porque es el "gran bastión" de ilusión para la Comunidad y ahora la capacidad o la "asfixia" financiera será la que determine su continuidad.