Valencia.- El grupo socialista en Les Corts Valencianes ha denunciado hoy que el decreto del Consell sobre la convivencia en centros docentes "oficializa viejas estructuras" que no solucionan los problemas existentes en las aulas y trata de esconder el fracaso escolar en la Comunitat.
Así lo han afirmado el portavoz del grupo, Ángel Luna, y el diputado Adolf Sanmartín, quienes han señalado que el decreto, en el que también se regulan los derechos y deberes de alumnos, padres y profesores, no plantea medidas para fomentar la convivencia, sino que trata de esconder el fracaso.
Así lo han afirmado el portavoz del grupo, Ángel Luna, y el diputado Adolf Sanmartín, quienes han señalado que el decreto, en el que también se regulan los derechos y deberes de alumnos, padres y profesores, no plantea medidas para fomentar la convivencia, sino que trata de esconder el fracaso.
Sanmartín ha explicado que la norma crea dos tipos de aulas, las unidades específicas, dirigidas a alumnos con problemas temporales o continuos de personalidad o conducta, y las aulas de convivencia para estudiantes con otro tipo de problemas de conducta, como llegar tarde o hablar por el móvil en el aula.
Esto da carácter oficial a la "típica aula de expulsados" y además, genera "una sociedad cada vez más desintegrada", que "aparca a aquellos que ocasionan problemas en las aulas" y se les separa del resto, como si fueran ovejas negras, "para que no contaminen al buen rebaño", ha denunciado Luna.
El PSPV pedirá, a través de una proposición no de ley, sustituir estas aulas por "unidades de control especializadas, formadas por equipos multidisciplinares de la Conselleria de Educación encargados del tratamiento integral e individualizado de los alumnos con transtornos, y por "actividades formativas especializadas".
Asimismo, plantea medidas de apoyo a la convivencia escolar, como programas de escolarización que combinen el aula y el taller, apoyo específico a profesores y familias, y la modificación de la normativa de admisión de alumnado para evitar que los estudiantes con dificultades se concentren en los centros públicos.
Los socialistas también piden que los derechos y deberes recogidos en el decreto se apliquen a todos los centros, tanto a los públicos y concertados, como a los privados, que quedan excluidos, algo que según Luna "llama la atención", puesto que los valores deberían ser los mismos en todos los centros escolares.
El portavoz socialista también ha criticado que el decreto no va acompañado de una memoria económica y por tanto, "no trae medios económicos ni personales" para ponerlo en marcha, con lo que "da la sensación de que se pretende callar la boca a la opinión pública" en relación con problemas existentes en los centros educativos.
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