¿Debe un cura influir en las decisiones médicas de la sanidad pública?

La Comunidad de Madrid y la Iglesia renovaron el pasado enero un acuerdo -que llevaba vigente desde 1997- por el que los sacerdotes, capellanes y diáconos que dan asistencia religiosa a los pacientes "formarán parte de los Comités de Ética y del Equipo de cuidados paliativos" de los hospitales públicos. Ya en 2003 se dejaba abierta la puerta a que estos asistentes católicos fueran miembros de los órganos encargados de resolver conflictos entre ética y medicina, aunque sus decisiones no fuesen vinculantes. Se vuelve a abrir el debate sobre la presencia de religiosos en instituciones aconfesionales.

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Según el acuerdo, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid pactó el pasado 2 de enero con el Obispado la inclusión de los sacerdotes y capellanes en los Comités de Ética para la Asistencia Sanitaria (CEAS) de los hospitales públicos. Estos organismos funcionan como asesorías de médicos, pacientes y familiares en los casos en los que pueda surgir conflicto entre ética y asistencia médica, como en las sedaciones, la interrupción de un embarazo a una mujer violada o la reanimación de bebés con malformaciones graves.

El documento era desvelado esta mañana por la Cadena SER, que afirmaba que Aguirre "permite que los curas participen en los comités de cuidados paliativos", hecho desmentido por el consejero Juan José Güemes. A través de este acuerdo, los curas no se limitarán exclusivamente a dar asistencia religiosa a los enfermos que lo solicitan, sino que también participarán en los comités de asesoramiento de los hospitales públicos, al mismo nivel que médicos, enfermeros (con conocimientos científicos), abogados y representantes de pacientes (legislativos) que conforman estos órganos. Ya el decreto 61/2003 de la Comunidad de Madrid [documento pdf], que regula estos comités, dejaba abierta la posibilidad de que los religiosos formaran parte de los mismos, pero ahora -y esa es la novedad del acuerdo- se da por hecho que "formarán parte del Comité de Ética y del Equipo Interdisciplinar de cuidados paliativos", como ya ocurre en algunos hospitales. Los CEAS son foros "plurales, independientes, abiertos, representativos de la sociedad, que defienden a los pacientes y tratan de resolver los conflictos que surgen dentro del hospital", señala el doctor Miguel Casares, presidente del Comité Ético del Hospital de Getafe. Sus decisiones, "que suelen ser unánimes", no tienen carácter vinculante, únicamente se limitan a asesorar a personal médico, pacientes y familiares sobre ciertos tratamientos donde existe conflicto entre ética y medicina, como los cuidados paliativos o la retirada de la asistencia mecánica.

Para Casares, "no tiene ningún sentido que se imponga la presencia de religiosos, únicamente por su condición de miembros de la Iglesia, sin tener en cuenta si tienen o no conocimientos en bioética". Siguiendo este patrón, apunta el doctor, "deberían estar presentes representantes de la comunidad islámica, de los Testigos de Jehova..., un sinsentido". De la misma opinión se expresa la presidenta de la Asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores, para quien debe quedar muy claro que en un Estado aconfesional, "ni el Papa tiene potestad para decidir sobre la voluntad de un paciente". Flores, que fue muy combativa en el caso del 'Severo Ochoa' -al entender que los médicos tomaron decisiones sin autorización de las familias- no comprende cómo el Gobierno de Aguirre "se atreve a inmiscuirse" en la voluntad de los ciudadanos. "Si esto es cierto, se estaría incurriendo en una ilegalidad y una decisión propia de un país bananero" y advierte que llevarán el caso ante los tribunales si no se produce una rectificación.

Para el catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo, esta medida "va mucho más allá de los acuerdos de colaboración entre la Iglesia y el Estado" y son "abiertamente contrarios a la libertad religiosa de los ciudadanos". Según Royo, la presencia de representantes del clero en estos comités es cuestionable, "pues están contaminados, al ser parciales por definición".

El debate sobre la presencia de la Iglesia Católica en las instituciones de un Estado aconfesional como el español viene arrastrándose desde la transición. Ningún Gobierno se ha atrevido a modificar estos acuerdos de colaboración, pero realmente, ¿qué papel desempeña un sacerdote en un comité ético de un hospital, aunque su opinión no sea vinculante?