Sevilla.- Ecologistas en Acción sostiene que la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar (Sevilla), que en abril de 1998 causó el accidente medioambiental más grave de España y del que esta semana se cumplen diez años, fue "una catástrofe anunciada" que se pudo evitar y advierte de que "puede volver a repetirse".
Vista del corredor verde del río Guadiamar, contaminado gravemente en 1998 por el vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar.
El coordinador de esta organización en Sevilla, Isidoro Albarreal, recuerda en una entrevista con Efe que la Coordinadora Ecologista y Pacifista de Andalucía (CEPA), antecesora de Ecologistas en Acción, presentó entre 1994 y 1998 "decenas" de denuncias judiciales y administrativas que alertaban del riesgo medioambiental que suponía esta mina.
"La catástrofe de Aznalcóllar fue muy anunciada y absolutamente evitable, simplemente con que hubieran funcionado mínimamente los mecanismos de prevención y control de la contaminación, que no funcionaron por intereses económicos de la mina y por los intereses cruzados con la Junta de Andalucía", enfatiza.
En el verano de 1994, casi cuatro años antes de producirse este siniestro, la Federación Ecologista Pacifista de Sevilla denunció judicialmente al director general de Calidad Ambiental de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Francisco Tapia, porque se estaban almacenando residuos tóxicos del Polo Químico de Huelva en la balsa minera de Aznalcóllar que luego se rompería.
Albarreal también recuerda las manifestaciones y movilizaciones desarrolladas por la CEPA de 1994 a 1998 para denunciar la amenaza que suponía esta balsa de residuos mineros, gestionada por Boliden, cuya rotura vertió al cauce del Guadiamar, principal afluente del Parque Nacional de Doñana, seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos que asolaron más de 4.600 hectáreas.
"Vertidos no. Boliden no te hagas el sueco", presagiaba una pancarta colocada por los ecologistas en la puerta de esta mina varios años antes de la catástrofe.
Pero la denuncia más explícita la formuló en 1995 el ingeniero Manuel Aguilar Campo, jubilado de Boliden, quien falleció de un infarto dos años después tras conocer el archivo de sus denuncias judiciales y para quien los ecologistas reivindican ahora un reconocimiento institucional póstumo.
Aguilar denunció a la Junta de Andalucía deficiencias y el mal mantenimiento de esta balsa minera, por la que se vertían aguas ácidas al Guadiamar.
"La contaminación que sufren los ríos Agrio y Guadiamar, aparte de ser evidente, si no se clausuran las citadas presas (de la mina) corren el gran riesgo de provocar un desastre natural de incalculables consecuencias", advertía entonces Aguilar.
El 19 de enero de 1996, el periodista José María Montero emitió en Canal Sur Televisión un reportaje, grabado muy cerca del punto exacto en el que dos años después se rompería la balsa, en el que Aguilar, con el rostro oculto, mostraba las filtraciones y pedía el cierre de la balsa para evitar una catástrofe en Doñana
Ejecutivos de Boliden se trasladaron días después desde Suecia a Sevilla para negar estas denuncias, que achacaron a "trabajadores despedidos" de la mina.
Albarreal deplora que pese a que este accidente fue "una catástrofe anunciada" que ha costado a las arcas públicas más de 200 millones de euros, "diez años después nadie ha asumido ninguna responsabilidad política y las administraciones no han aprendido la lección".
Opina que la mina de Las Cruces, que ocupa mil hectáreas cerca de la antigua explotación de Aznalcóllar, supone una amenaza similar porque puede contaminar el acuífero del área metropolitana de Sevilla y verter aguas ácidas al Guadalquivir.
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