La Paz.- El Gobierno de Bolivia denunció hoy que los pobladores y hacendados del sureste del país continúan con el bloqueo de las rutas del oriente que conectan con Argentina y Paraguay, pese a que se paralizó la revisión de los títulos de tierras en esa región.
Los bloqueos se mantienen pese a que el Ejecutivo anunció el martes la paralización de su intento de entrar a las haciendas para la delimitación de tierras no productivas con el propósito de contribuir a la pacificación de la zona.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, aseguró en rueda de prensa en Palacio de Gobierno que los hacendados de esa zona situada en Santa Cruz mantienen, desde hace más de dos semanas, "bloqueos, de poca gente, pero sí con mucha violencia",
Los bloqueos se mantienen pese a que el Ejecutivo anunció el martes la paralización de su intento de entrar a las haciendas para la delimitación de tierras no productivas con el propósito de contribuir a la pacificación de la zona.
Los empresarios ganaderos se resisten al proceso que desde hace más de dos semanas trata de llevar adelante una comisión del Gobierno e indios guaraníes, encabezada por el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.
Los intentos de Almaraz de entrar en las haciendas del lugar fueron rechazados de forma violenta por empresarios y pobladores, en choques que el domingo pasado causaron medio centenar de heridos.
Por su parte, un grupo de pobladores de la localidad en que se produjeron los enfrentamientos, Cuevo, mostraron hoy armas de fuego y machetes que, según denuncian, fueron arrebatados a los guaranís que acompañaban a la comisión del Gobierno ese domingo.
El Ejecutivo denuncia que además de la existencia de latifundios y tierras que no cumplen una función económica y social como exige la ley, en la zona hay familias de guaranís que viven en régimen de servidumbre.
El cardenal Julio Terrazas, la máxima autoridad de la Iglesia en Bolivia, pidió pruebas de tal afirmación y ayer acordó con una delegación gubernamental la formación de una comisión que se encargará de entrar a la zona para verificar los hechos.
El ministro San Miguel dijo hoy que el Gobierno quiere que esa comisión sea "plural" y que su misión será "ingresar a la zona para hacer un cuadro de evaluación completo".
"Ojalá pudiera estar el Defensor del Pueblo, la Iglesia Católica, el Poder Legislativo o el Ministerio Público", dijo San Miguel.
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