Zaragoza.- El Gobierno de Aragón, en una reunión extraordinaria celebrada esta mañana, ha reiterado su oposición al trasvase y ha aprobado encargar a sus servicios jurídicos y a la Comisión Jurídica Asesora la elaboración de un informe para determinar si el proyecto de transferencia de agua a Barcelona es jurídicamente un trasvase.
Esta es una de las tres medidas que ha adoptado hoy el gobierno aragonés, tras el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno central y la Generalitat para trasvasar agua procedente de los excedentes de los regantes del delta del Ebro al área metropolitana de la capital catalana.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, junto al de Presidencia, Javier Velasco, informó de que además el Gobierno aragonés ha acordado instar a la administración general del Estado a que aporte con carácter de urgencia toda la información sobre el proyecto, del que tienen conocimiento sólo por los medios de comunicación.
Además, el Ejecutivo aprobó instar a las Cortes autonómicas, como medida preventiva, a que se inicie la elaboración del informe preceptivo previsto en el artículo 72.3 del Estatuto de Autonomía, poniendo a disposición de la cámara los medios técnicos del gobierno
En una declaración institucional, el Consejo de Gobierno reitera su oposición a cualquier trasvase del Ebro, en correspondencia con el artículo 19.3 del Estatuto de Autonomía.
Este artículo obliga a los poderes públicos de la Comunidad a "velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras".
El Gobierno de Aragón reitera que, en aras al respeto a la unidad de cuenca, la Administración General del Estado "no puede adoptar acuerdos con una comunidad autónoma de forma bilateral que puedan afectar a otros territorios".
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