Valladolid.- Los cerca de 140.000 empleados del sector de la construcción que actualmente trabajan en Castilla y León están obligados por la normativa vigente a acreditar su formación en prevención de riesgos laborales con la denominada TPC, una tarjeta que deberán tener antes de 2011 para mantener su empleo.
Unos 140.000 empleados, obligados acreditar que saben prevenir riesgos laborales.
Las características de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) ha sido presentada hoy en Valladolid por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y José Manuel Aguilar, presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, que es la entidad encargada de acreditar la valía de los cursos de prevención de riesgos que se imparten.
Hasta ahora, los empresarios se fían del trabajador que dice tener formación en prevención de riesgos laborales u otras áreas, según ha reconocido en rueda de prensa José Manuel Aguilar.
"Nos fiamos de la gente. Si dice que tiene una categoría determinada le creemos", ha sentenciado el empresario y presidente de la Fundación, quien cree que la elevada demanda de trabajadores en este sector ha llevado a que no se haya solicitado a los aspirantes "ni diplomas ni currículum".
Pero la entrada en vigor del Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011 y de la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, implican que antes de 2011 todos los trabajadores tengan que acreditar con la tarjeta la formación que hayan recibido y su experiencia en el sector.
El consejero ha destacado que esta tarjeta será una herramienta más para luchar contra la siniestralidad laboral, ya que se trata de un sector "de mucho riesgo", al ser muy atomizado, tener una elevada movilidad y contar con un elevado número de inmigrantes, que tienen problemas de comunicación como consecuencia del desconocimiento del idioma.
Todas las categorías profesionales están sometidas a esta normativa, si bien los trabajadores autónomos no están obligados al no estar bajo el paraguas del Convenio Estatal, aunque la Fundación no ha descartado que en el futuro puedan estar también involucrados en la iniciativa, al igual que trabajadores de otros sectores que acceden igualmente a las obras.
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