Vitoria.- El consejero de Justicia y Empleo, Joseba Azkarraga, ha considerado hoy que el 15,6% de los perceptores de renta básica podrían estar cobrando esta ayuda de forma fraudulenta y ha pedido a las instituciones (ayuntamientos y diputaciones) que "extremen el celo en el control de estas ayudas".
El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (2i), acompañado por el viceconsejero de Inserción Social y Familia, Manuel Vigo (2d); el director de Inserción Social, Mikel Santiago (d), y el director de Evaluación de Programas de su Departamento, Mikel Marañón, durante la presentación de un estudio sobre los perceptores de la renta básica y las irregularidades detectadas en la misma.
Azkarraga ha presentado un estudio sobre los perceptores de la renta básica, a través de entrevistas a 2.501 beneficiarios entre los meses de noviembre y diciembre del 2007.
Entre las conclusiones de este análisis, ha destacado que existe un riesgo de cobro fraudulento en un 15,6 de los casos, porcentaje en el que se engloba a las personas ilocalizadas para realizar la encuesta (5%), los que se negaron a responderla (2,1%) y los que no pudieron ser contactados (8,5%).
Estas situaciones muestran, para el consejero, que "algunos servicios sociales de base no realizan la adecuada labor de seguimiento y control", por lo que, ha pedido a todas las instituciones que "extremen el celo en el control de las ayudas y que actúen desde el apercibimiento hasta la suspensión cautelar".
Asimismo, el estudio revela que el 68,3% de los perceptores son mujeres (40% con hijos menores) y que el 30% son extranjeros. Entre este colectivo, la mayoría desea incorporarse a un trabajo y, de hecho, cobran estas ayudas durante menos tiempo que las personas autóctonas.
El 24% de los beneficiarios llevan más de seis años percibiéndolas y el 33% las compatibilizan con un trabajo.
En este sentido, Azkarraga ha recordado que el objetivo de su Departamento es la inserción laboral de este colectivo, que se facilitaría, a su juicio, aumentando el salario mínimo interprofesional para evitar que parte de los beneficiarios rechacen trabajos poco remunerados para poder continuar con la prestación.
Del total de beneficiarios, 29.586 en el 2007, un 47,2% no estaría en condiciones de incorporarse a un trabajo por distintas razones: de edad (26,1%), responsabilidades familiares (7,9%), problemas de salud (8,3%) o por ser inmigrantes no regularizados (7%).
La mayoría de las personas que reciben esta ayuda (33%) son personas en activo y menores de 60 años con rentas bajas, seguidas de jubilados o pensionistas con pensiones bajas (29,2%), de desempleados durante más de un año (29,1%), y de amas de casa menores de sesenta años (8,7%).
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