El CGPJ reconoce que la inspección falló y decidirá si expedienta a los jueces

Madrid.-  El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha admitido hoy fallos en su sistema de inspección y ha anunciado que el lunes decidirá si expedienta a los jueces Rafael Tirado y Javier González por su actuación en relación con el detenido por la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés.

El portavoz del CGPJ, Enrique López, ha declarado que la comisión permanente de este órgano ha constatado que el funcionamiento del servicio de Inspección debe ser mejorado, después de no haber detectado irregularidades graves en el juzgado que condenó a Santiago del Valle, detenido en relación con la muerte de Mari Luz.

El juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla condenó a Del Valle en 2002 a dos años y nueve meses de prisión por abusos sexuales sobre su hija de cinco años, aunque, una vez que la sentencia fue confirmada en 2005 por la Audiencia Provincial, no ordenó su ejecución.

Este juzgado fue objeto de una inspección rutinaria el pasado mes de noviembre que, según López, sólo "detectó un cierto retraso" en la ejecución de las sentencias.

Hasta ahora la investigación del CGPJ estaba centrada en el titular del mencionado juzgado, Rafael Tirado, pero la comisión permanente ha decidido extenderla a Javier González, el magistrado de la Audiencia de Sevilla que tardó casi 3 años en confirmar la sentencia.

Además, la comisión disciplinaria del CGPJ se reunirá el próximo lunes con carácter extraordinario, y a instancias de la comisión permanente, para decidir si adopta alguna medida contra Tirado y González.

El presidente de la Audiencia de Sevilla, Miguel Carmona, ha declarado que lo sucedido con la libertad del presunto asesino de Mari Luz Cortés pone de manifiesto los "fallos estructurales" de un sistema judicial que "hace aguas por todas partes".

Carmona ha señalado la necesidad de acometer una "reforma en profundidad" de la jurisdicción penal y ha alertado de las "serias carencias" que presenta el sistema informático de los juzgados, que propician que puedan darse este tipo de situaciones.

El PP de Madrid ha irrumpido en el caso, al señalar en un documento interno que no se trata de un error judicial, sino "del fracaso de un sistema" cuyo funcionamiento depende del Gobierno y de su presidente.

Para el PP madrileño, José Luis Rodríguez Zapatero ha estado demasiado ocupado negociando con ETA como para trabajar en impedir que ocurrieran casos como la muerte de Mari Luz Cortés.

El ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, ha asegurado que el debate sobre la cadena perpetua y la creación de un registro de pederastas es una "cortina de humo" para intentar desviar la atención sobre las posibles responsabilidades en el caso de la muerte de Mari Luz Cortés.

El decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, ha anunciado la celebración mañana de una Junta General de toda la jurisdicción penal, con el único orden del día de estudiar "la situación general de los órganos penales" sevillanos.

El sindicato CSI-CSIF, mayoritario en la administración de Justicia andaluza, ha señalado que la culpa de que Del Valle estuviese en libertad es, "en última instancia, política", por mantener un sistema "incapaz de actuar con unas garantías mínimas". Para el sindicato, "no han fallado las personas, ha fallado el sistema".

El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, ha anunciado que va a impulsar una campaña de recogida de firmas para solicitar a las administraciones el diseño de un protocolo de actuación en los casos desaparición de menores que conlleve la coordinación de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la elaboración de una lista de pederastas.