El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprueba una quincena de medidas de PP e IU para reformar la gestión de licencias

Madrid.-  El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy un dictamen que recoge una quincena de medidas propuestas por el PP e IU para reformar la gestión de las licencias municipales tras la trama de corrupción en este sistema que quedó destapada en el caso Guateque.

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(EFE)

El Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón, en la imagen, ha puesto de manifiesto que no quiere ser mediador entre el Estado y la Comunidad de Madrid, por lo que ha rechazado dos propuestas del PSOE para exigir a la administración autonómica que cumpla su labor en aplicación de dos iniciativas del ejecutivo central.

El documento recoge la totalidad del dictamen que PP expuso en la comisión de investigación sobre la trama el pasado viernes, cuatro de las medidas propuestas por IU y ninguna de las presentadas por el grupo socialista, que ha votado en contra de los puntos propuestos por los "populares" y se ha abstenido en los de IU.

Entre las actuaciones que se pondrán en marcha de forma "inmediata" están la incorporación de 173 nuevos efectivos a las áreas de Urbanismo, Medio Ambiente y las Juntas de Distrito, donde se gestionan las licencias, o la realización de una memoria anual sobre el sistema que será controlada por una Inspección General de Servicios.

La atención al ciudadano en la tramitación de una licencia se ampliará a través del número municipal 010 y de la página web municipal (munimadrid.es), se hará un "inventario de procedimientos en tramitación" que determine el estado actual del sistema y se creará un código de Buenas Prácticas Administrativas para los funcionarios.

En la sesión de hoy el Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón ha puesto de manifiesto que no quiere ser mediador entre el Estado y la Comunidad de Madrid, por lo que ha rechazado dos propuestas del PSOE para exigir a la administración autonómica que cumpla su labor en aplicación de dos iniciativas del ejecutivo central.

El Grupo Socialista ha pedido hoy al equipo de gobierno de la capital que exija al autonómico colaboración con el Gobierno en la aplicación de la Ley de Dependencia y de la Renta Básica de Emancipación y en ambos casos la respuesta obtenida ha sido la misma.

Los grupos de la oposición, PSOE e IU, tampoco han logrado convencer al PP para que deje de aplicar en la ciudad el decreto de la Comunidad que establece las condiciones mínimas que deben cumplir las escuelas infantiles.

El Pleno ha debatido hoy sendas proposiciones del PSOE e IU que planteaban, entre otras cuestiones, que el Ayuntamiento no aplicara el decreto de la Comunidad que, según la oposición, reducirá la calidad del servicio que prestan las escuelas infantiles y casas de niños.

Entre otras cosas, este decreto aumenta las "ratio" de alumnos en estos centros para este año a ocho plazas por aula para los nacidos en 2008; a 13 plazas, una más, para los nacidos en 2007, y a 20, cuatro más, para los nacidos en 2006.

El PP se ha negado también a suspender el cobro de la tasa del vado, como le ha propuesto el PSOE hasta que el Tribunal Supremo resuelva sobre la legalidad de la misma, por considerar esa medida "irresponsable y demagógica" y basada "en el mas rancio populismo fiscal".

Así lo ha dicho en el Pleno municipal el delegado de Hacienda, Juan Bravo, que ha recibido el apoyo en este punto concreto del Grupo de Izquierda Unida, que también ha votado en contra de la solicitud efectuada por el PSOE.

La concejala socialista Pilar Gallego, ha defendido, el Ayuntamiento no debe retrasar la subsanación de un problema que va a ser "cada vez más grande" y que "planteará una gestión de las devoluciones muy compleja" ya que al día de hoy habría más de 700.000 afectados desde 2006 por una cuantía de 60 millones de euros.

La delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, se ha mostrado hoy en desacuerdo en el Pleno con el convenio de 1997 entre el Ayuntamiento (PP) y el Arzobispado, por el que el Consistorio ha cedido 37 parcelas por valor de 120 millones en lo últimos 10 años, pero se ha negado a suspenderlo, como pedía IU, asegurando que no es "revertible".

Martínez ha asegurado que "comparte" el fondo de la iniciativa y se ha comprometido a que, en lo sucesivo, cualquier cesión de suelo público a una entidad religiosa se hará mediante un concurso público en el que también puedan participar otras confesiones.