La Junta de Castilla y León cree que no es momento de balanzas fiscales, cerradas con la Constitución del 78

Valladolid.-  El Gobierno de Castilla y León (PP) coincide con los de Galicia, Andalucía o Extremadura (PSOE) en que no es el momento de "echar cuentas" e intentar hacer valer las "balanzas fiscales" en la reforma de la financiación autonómica, ya que este debate "se cerró con la Constitución del 78".

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(EFE)

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, durante la presentación en rueda de prensa del balance de la gestión tributaria correspondiente al ejercicio 2007.

La consejera de Hacienda del Gobierno castellanoleonés, Pilar del Olmo, recuerda, en una entrevista con Efe, que la Constitución garantiza el principio de solidaridad y la igualdad de los ciudadanos con independencia de donde vivan, y advierte de que volver al debate de las balanzas fiscales como forma de obtener beneficios supone "revisar el funcionamiento del Estado actual".

En sí, a su juicio, la publicación de "balanzas fiscales -la diferencia entre lo que una Comunidad recibe del Estado y lo que aporta- sería un hecho intrascendente" si no fuera por "los intereses de los nacionalistas catalanes de ligarlo al modelo de financiación".

Las balanzas no tienen una metodología reconocida por todo el mundo, ni hay un momento claro en el que deban hacerse, advierte la consejera castellanoleonesa, quien incide en que hay elementos difíciles de cuantificar, como los castellanoleoneses que han trabajado y cotizado en otras Comunidades y vuelven a su región, a la que se imputará su pensión o la producción de energía.

Como es el ciudadano quien paga impuestos y no el territorio, podría llegarse "al absurdo" de tener que hacer una balanza fiscal de cada español, puntualiza Del Olmo.

Aclara, además, que nada tienen que ver las cuentas que hace el Estado con cada territorio con las necesidades de servicios de éstos, aspectos -balanzas y financiación autonómica- que "no se pueden ligar en ningún momento".

En el otro lado del debate, cuando se están negociando los apoyos al Gobierno central, se encuentra el País Vasco, con un cupo "que se pretendería blindar", por parte de los nacionalistas, cuando lo que habría que hacer "es revisarlo" a la baja, plantea la consejera.

Del Olmo argumenta esta opinión tanto en el estudio realizado por el economista Ángel de la Fuente para el Instituto de Análisis Económico del CSIC, como en el informe de los juristas de la Junta de Castilla y León que ha servido de base a la Comunidad para defender en el tribunal de las Comunidades Europeas de Luxemburgo su recurso a la reducción de tipos impositivos que aplica el País Vasco.

En la práctica, lo que la hacienda vasca da al Estado por los servicios que éste presta en esa Comunidad, el denominado cupo, está sobrevalorado, y "recibe dinero en lugar de tener que pagarlo, lo que no es solidario ni contribuye a la nivelación", opina la consejera.

Blindarlo supondría "consolidar" este estatus, un "blindaje constitucional" que "impediría presentar recursos".

Aparte de estas cuestiones, Castilla y León se prepara para la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, anunciado por el Gobierno en la anterior legislatura e inevitable en esta ante la reforma de seis estatutos de autonomía.

Lo que recoge la del castellanoleonés, que incide la suficiencia financiera y dinámica de la financiación y en la dispersión, extensión y envejecimiento como factores a tener en cuenta en el mayor coste de prestación de los servicios, ya lo conocen todos los consejeros de las autonomías del régimen común.

Así se lo hizo saber Del Olmo mediante misiva de 30 de enero que incluía copia del nuevo Estatuto, en vigor desde el 1 de diciembre de 2007, a la que algunos han contestado "con un agradecimiento cortés".

También tienen todos sobre su mesa el estudio que, a instancias de la Junta, realizó la Universidad de Valladolid sobre la metodología para calcular las necesidades de gasto de los servicios básicos, que concluía que el criterio población, con ser importante, "estaba excesivamente ponderado" en el modelo actual.

El estudio, con más de doscientas variables y que "sirve para todas las autonomías", se lo ha remitido ya a los gobiernos autonómicos el Ministerio de Economía y Hacienda, según le solicitó Del Olmo al secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, en la reunión del 3 de diciembre.