En prisión incondicional los acusados por la muerte de Mari Luz Cortés

Huelva.-  Santiago del Valle y su hermana Rosa, acusados de la muerte de la niña Mari Luz Cortés, se encuentran desde esta madrugada en la Prisión Provincial de Huelva, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 decretara su ingreso incondicional en prisión.

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(EFE)

El padre de Mari Luz Cortés, Juan José Cortés junto a su mujer, Irene Suárez a su salida de la Audiencia Provincial de Huelva donde han acudido hoy a petición del Juzgado de Instrucción número 1, sin que se sepan los motivos.

Según informaron a Efe fuentes de la investigación, a ambos se les imputa un presunto delito de asesinato, al que, en el caso de Santiago del Valle, hay que sumar otro contra la libertad sexual.

Asimismo, la jueza decretó que Santiago del Valle debe empezar a cumplir "inmediatamente" la sentencia dictada en 2002 por el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla que lo condenaba a dos años y nueve meses de cárcel por abusar sexualmente de su hija, que en el momento de los hechos tenía 5 años, que tenía pendiente.

El traslado al centro penitenciario se produjo en torno a las 00:45 horas después de que ambos prestaran declaración, en el caso de él, hasta en dos ocasiones, la segunda a petición propia; y desde su llegada permanecen en zonas de seguridad y especialmente vigilados.

Así lo han indicado a EFE fuentes del centro penitenciario, que además han explicado que el motivo de este aislamiento e incomunicación se debe a que el centro tiene la responsabilidad de "velar por su integridad".

Por lo que respecta a la tercera imputada por estos hechos, Isabel García, esposa de Santiago, que se encuentra en libertad con cargos por el caso de Mari Luz, ha sido trasladada hoy a Sevilla para ingresar en un psiquiátrico y cumplir su condena como cómplice de los abusos sexuales que su esposo cometía sobre su hija de 5 años.

El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, que se ha desplazado junto a su mujer, Irene Suárez, a la Audiencia Provincial de Huelva a petición del Juzgado de Instrucción número 1, sin que se sepan los motivos, ha expresado a EFE su deseo de que el presunto asesino de su hija quede recluido en una cárcel el máximo tiempo que pueda aplicarle la ley, y ha apuntado la necesidad de luchar por la "cadena perpetua" para casos como éste.

Hoy se han sucedido las declaraciones de representantes políticos y del ámbito judicial en relación al hecho de que Del Valle tuviera pendiente el cumplimiento de la condena por el abuso de su hija y otra condena de dos años de cárcel que dictó el juzgado penal 4 de Sevilla en diciembre de 2004 por agredir sexualmente a otra menor de 9 años, a la que sorprendió en la escalera de su vivienda.

Así, el juez Rafael Tirado Márquez, titular del Penal 1 de Sevilla, que ha sido el que ha mantenido en libertad al presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortes, ha dicho que siempre que la causa estuvo bajo su control se tramitó con celeridad, aunque ha lamentado que la funcionaria encargada de hacerlo estuvo cinco meses de baja sin sustitución.

Además, se ha sabido que la tramitación judicial del caso por abusos contra S.V.G., revela varios retrasos pues la Audiencia de Sevilla tardó dos años y medio en resolver la apelación y la Junta de Andalucía cinco meses en sustituir la baja laboral.

Por su parte la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que hay que hacer caer el peso de la ley sobre los responsables de lo que parece haber sido un "gravísimo, terrible y trágico error judicial"; términos en los que también se ha pronunciado la consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, María José López, que entiende que "el sistema judicial ha fallado" en este asunto.

Estas manifestaciones se producen después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya abierto una investigación para depurar todas las responsabilidades.

Además, el vocal y portavoz del CGPJ, Enrique López, ha abogado hoy por la creación de un registro central de condenados por delitos contra la libertad sexual similar al que ya existe para los delitos de violencia machista; mientras que las asociaciones judiciales son partidarias de estudiar medidas "posdelictuales" para evitar la reincidencia de delincuentes de difícil reinserción, como el detenido, siempre que sean fruto de un debate sereno y no "en caliente".