Gijón.- La sección octava de la Audiencia de Asturias, con sede en Gijón, ha condenado a penas que suman 77 años y seis meses de cárcel para los veintiún acusados en la llamada "Operación Potera", que permitió a mediados de 2005 desarticular una banda dedicada a la venta de cocaína en Gijón y las cuencas mineras.
Inicio del juicio de la "Operación Potera", con las declaraciones de los veintiún imputados, de los que diecisiete admitieron haber vendido drogas para financiar su propio consumo.
La vista oral contra los implicados en esta banda se inició en Gijón el pasado 15 de enero con la declaración de los imputados, 18 de los cuales reconocieron haber vendido drogas.
Los otros tres acusados negaron su participación en los hechos y la vinculación con otros miembros de la red de narcotráfico que fue desarticulada en abril del 2005, tras la detención de veintiséis personas y la incautación de 1,32 kilos de cocaína y 461 gramos de hachís.
La mayor condena es para uno de los que no reconocieron su implicación en los hechos, el orensano José Ramón L.I, que ha sido condenado a siete años de prisión por un delito contra la salud pública al carecer de atenuantes y ser reincidente.
Otro de los imputados que no reconocieron su culpabilidad son Carlos M.V., que ha sido condenado a 5 años y seis meses de prisión, un año y medio más de los que pedía para el fiscal en sus conclusiones iniciales.
Al tercero, el colombiano Jairo de Jesús G.O., se le ha impuesto una pena de tres años, que se sustituirá por su expulsión del territorio nacional si no hace constar su residencia legal en España.
A Florentina G.G., que reconoció los hechos y para la que el fiscal había solicitado inicialmente un agravamiento de la pena por la supuesta introducción de drogas en el penal asturiano en el que estaba internado su hijo, la pena le ha sido rebajada a dos años de prisión y sustituida por el pago de una multa.
La investigación policial se inició a mediados de 2004 al detectar la venta de drogas que se realizaba desde la ventana de una vivienda de planta baja ubicada en la calle de Rosalía de Castro, en el barrio gijonés de La Calzada, cuyos moradores Carmen G.C, y José Agustín G.F., han sido condenados a penas de seis años de cárcel.
La identificación de ambos y su seguimiento permitió cerrar el primer eslabón de una cadena de distribución que contaba con miembros en Oviedo, en las cuencas mineras asturianas y en Madrid, entre los que se encontraban dos ciudadanos colombianos.
La operación "Potera" iniciada por la Policía Nacional con la identificación de los sospechosos cambió de nombre por el de operación "Carambolo" al advertirse que este grupo estaba también siendo investigado por la Guardia Civil, por lo que los dos cuerpos se pusieron a trabajar de manera coordinada por solicitud del fiscal antidroga de Asturias.
Las detenciones se desencadenaron a partir del 8 de abril de 2005, cuando fueron interceptadas dos personas en Campomanes que regresaban de Madrid, donde presuntamente habían adquirido dos paquetes de cocaína que transportaban ocultos en una furgoneta.
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