Toledo.- El Gobierno de Castilla-La Mancha se va a oponer a cualquier trasvase de agua que no sea estrictamente para consumo humano, incluidas derivaciones no sólo para regadíos, sino también para usos recreativos o limpieza.
En la imagen, el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata.
Así lo ha indicado hoy el vicepresidente primero de la Junta, Fernando Lamata, durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, al ser preguntado por la reunión que hoy mantiene la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura.
Lamata ha dicho que en la reunión de hoy, en la que el Ejecutivo autonómico estará representado por el director general del Agua, José Fernando Ortega, el Gobierno regional expondrá de nuevo que la situación en los embalses de la cabecera del Tajo es crítica, "de alarma por la sequía más prolongada de las últimas décadas".
Fernando Lamata ha explicado que los pantanos de Entrepeñas y Buendía no se están recuperando porque no ha habido lluvias que lo permitieran y ha añadido que en el inicio de la primavera la pluviometría no está ayudando.
Así, ha advertido que, si no se modifica la situación en la cabecera del Tajo, no va a haber "ni una gota de agua", y ha señalado que en la Comisión de Explotación el representante de Castilla-La Mancha va a pedir "prudencia" en la propuesta que se eleve finalmente al Consejo de Ministros.
Una prudencia que, según Lamata, viene exigida por la situación actual de los embalses y por las previsiones que existen.
Además, ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha expresará en la reunión su preocupación por que no se estén adoptando medidas en el Levante para dar una "solución definitiva" a las necesidades de agua de los usuarios del trasvase Tajo-Segura.
El vicepresidente ha dicho que es "imprescindible" que se acelere la ejecución de desalinizadoras en el litoral mediterráneo peninsular, pues si no, se van a producir problemas de abastecimiento en esa zona.
Lamata ha denunciado los obstáculos que están poniendo los gobiernos de la Comunitat Valenciana y de Murcia para la ejecución de las plantas desalinizadoras que ha diseñado el Gobierno de España y citó el caso de Escombreras, en Murcia.
Según Lamata, si se ejecutaran las desalinizadoras, podrían tenerse ya 300 hectómetros cúbicos de agua desalada en Murcia y Valencia, e insistió en que hay que poner en marcha esas soluciones técnicas sostenibles que garanticen el abastecimiento al Levante sin que cada tres meses haya que estar debatiendo sobre esta cuestión, al tiempo que pidió a los gobiernos valenciano y murciano que dejen de poner trabas a la construcción de desalinizadoras.
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