Palma.- La consellera de Educación y Cultura, Bárbara Galmés, ha asegurado que "las exigencias" de la Federación de Escuelas Infantiles de Baleares (FEIPIMEB) y la Asociación de la Escuela Católica (ECIB), contrarias al decreto de guarderías que prepara el Govern, se deben "al desconocimiento".
Retrato de Bárbara Galmes, que ocupa el tercer lugar en la candidatura del PSIB-PSOE al Parlamento Balear.
Ante la presentación de 3.000 firmas en contra del proyecto legislativo, realizada hoy por las dos patronales, la consellera ha asegurado, en los pasillos del Parlament, que el decreto de Primera Infancia del Govern, se encuentra en fase de aprobación y ha recordado que cuenta "con el apoyo del Consell Escolar de Baleares, con 19 votos a favor y dos en contra".
Galmés ha asegurado que no se cerrará "ninguna guardería", dado que el decreto autonómico prevé "un amplio margen de hasta seis años para que los centros se adapten".
La Conselleria de Educación y Cultura brinda asesoramiento e información a los centros sobre el procedimiento a seguir para conseguir la autorización, y según Galmés, el 70 por ciento de las guarderías que están en tramitación serán aprobadas según los requisitos del decreto anterior, que es de 1991, y si presentan deficiencias para adaptarse al nuevo, tienen un plazo de tres años para subsanarlas, ampliable a seis años.
"De ninguna manera de cerrarán 150 guarderías, ni quedarán fuera los auxiliares, ni terapeutas", ha indicado Galmés a propósito de las protestas manifestadas por FEIPIMEB y ECIB, que ha calificado como "fruto de la desinformación".
El decreto establece que por cada tres unidades, deberá haber un maestro, pero la existencia del personal auxiliar se mantiene, según ha explicado la consellera.
"Regulamos por primera vez un sector que es el que más preocupa a las familias, reconocemos el trabajo que han hecho los profesionales hasta ahora y les damos la oportunidad de obtener una cualificación mínima totalmente práctica basada en pruebas como cambiar un pañal, dar de comer o cantar", ha indicado Galmés.
La titular de Educación ha declarado su incomprensión "hacia la campaña en contra del decreto" y ha añadido que la normativa no da "ningún motivo para una subida de precios".
Galmés ha señalado que el decreto planteado por el Govern pretende "garantizar a las familias un servicio de calidad", en un tramo de edad, de 0 a 3 años, que según la consellera, la LOGSE considera "educativo y fundamental en la formación de los alumnos".
Sobre otro de los puntos de la polémica, Galmés ha negado que los centros vayan a cerrarse en verano, ya que lo que establece la nueva norma al respecto es que estén abiertos "como mínimo diez meses al año".
El decreto se encuentra en el Consell Consultiu, paso previo a su aprobación por parte del Consell de Govern y su entrada en vigor.
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