Toledo.- El viceportavoz del grupo popular en las Cortes, Marcial Marín, manifestó hoy que los datos del IPC en Castilla-La Mancha son muy negativos y que el gobierno regional "debe reaccionar con urgencia para que no afecte a nuestra delicada competitividad".
El diputado del PP Marcial Marín, durante la rueda de prensa que ofreció para hacer balance de la actividad de las Cortes en 2007.
En una nota de prensa, Marín recordó que la subida del 4,8 por ciento del IPC interanual en Castilla-La Mancha es "la cifra más alta que se ha registrado desde diciembre de 1995 y nos hace mantenernos lamentablemente como la segunda región más inflacionista de España, tras Cantabria".
Dicha subida, según Marín, mermará "notablemente" el poder adquisitivo de los castellano-manchegos que, tras 25 años de gobierno socialista, "seguimos siendo los terceros más pobres del país".
Los datos publicados, continuó el diputado regional, "además de ser los peores desde hace 12 años, perjudican gravemente nuestra economía y nos hacen hundirnos todavía más en el ranking de regiones menos competitivas tal y como se demuestra en un reciente estudio de la Fundación BBVA".
Dicho estudio, explicó Marín, profundiza en los aspectos que influyen en la competitividad de una región a partir de un conjunto de indicadores basados en infraestructuras y accesibilidad, recursos humanos, innovación tecnológica y entorno productivo; todo ello en dos cortes temporales, hace veinte años y en la actualidad.
A su juicio, los resultados "no pueden ser más demoledores", puesto que Madrid y el País Vasco aparecen como las regiones más competitivas, seguidas de Navarra y Cataluña, sin embargo, Extremadura y Castilla-La Mancha siguen ocupando los últimos lugares.
El viceportavoz popular, lamentó que el gobierno regional no haya tenido en cuenta ni recogido las "numerosas" propuestas que el grupo parlamentario popular presentó en el último pleno de las Cortes para combatir la mayor inflación que padece Castilla-La Mancha.
Marín señaló que es urgente acometer algunas medidas como la creación de una Oficina de Información y Seguimiento de los Precios a nivel estatal y regional para garantizar una mejor supervisión, de forma completa y exhaustiva, de la evolución de los precios en los distintos sectores.
Propuso asimismo mejorar la política de defensa de los consumidores y de defensa de la competencia, de forma que la vigilancia de precios pase a ser un objetivo común de estas políticas.
Pidió aprobar una Ley nacional de Unidad de Mercado, que deberá prestar atención a determinados ámbitos y sectores especialmente sensibles para la unidad de mercado, tales como los contratos públicos, las subvenciones, movilidad laboral, titulaciones profesionales, defensa del consumidor, normas fito-sanitarias, normas medioambientales y estándares técnicos.
Además, en el marco de una necesaria rebaja y reforma del Impuesto sobre Sociedades y de un Acuerdo Nacional sobre Competitividad, para el PP se deben promover medidas de conciliación personal, familiar y laboral y fórmulas de trabajo flexible, además de apoyar fiscal y económicamente la inversión en capital humano para incrementar la competitividad.
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