Salamanca.- Más de 1.200 personas se benefician en Castilla y León de las compensaciones económicas recogidas en la Ley de Dependencia, aunque por el momento es la Junta la que garantiza estas prestaciones "y no el Gobierno", según ha denunciado hoy el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón.
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón (2i), conversa con el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote (2d), momentos antes de presidir en Salamanca el Consejo Regional para las Personas con Discapacidad.
El consejero, que ha presidido en Salamanca el Consejo Regional para las Personas con Discapacidad, ha informado de que de los 336 millones que ha supuesto esta atención en el 2007 el Ejecutivo socialista se comprometió a aportar 33, "y de estos sólo han llegado 17 millones de euros", ha subrayado.
Pese a ello, Antón ha agregado que la Junta de Castilla y León "no ha dejado de dar prestaciones" por lo que ha pedido a los ciudadanos tranquilidad ya que el gobierno regional "seguirá cumpliendo con la Ley de Dependencia".
Así, ha confirmado que el presupuesto que la Gerencia de Servicios Sociales ha destinado a la atención de los dependientes se ha incrementado durante este ejercicio un 15 por ciento respecto a 2007, pasando en la actualidad a 131 millones de euros.
Desde que se publicara el baremo de criterios para valorar los grados de dependencia de las personas en abril de 2007, Castilla y León ha recibido un total de 23.570 solicitudes, de las que se han revisado ya 21.000.
De este total, el 78 por ciento, es decir 18.310, ya han sido evaluadas o se encuentran en proceso de evaluación y de ellas 6.594 han sido resueltas y 5.340 se han considerado como dependencias de grado II y III, por lo que tendrán derecho a prestación este año.
En su intervención en el Consejo, Antón ha subrayado la apuesta de la Junta de Castilla y León por la construcción de "mini residencias" en todas las provincias de la región para enfermos mentales.
Unos centros pensados para atender a los afectados "y dar un respiro a las familias que lo necesitan", ha comentado el consejero, quien ha señalado que ya están en marcha en Ávila y Burgos, mientras que el de Salamanca se encuentra en proceso.
Para este ejercicio, Antón ha dicho que otro de los objetivos es la regulación de protocolos de actuación temprana para niños de entre 0 a 6 años, que detecten cuanto antes cualquier anomalía en los pequeños, sobre todo relacionadas con discapacidades.
El consejero de Familia se ha referido también a las críticas del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, sobre que la comunidad es la segunda más atrasada de España en la aplicación de la ley.
Según Antón, las declaraciones de Caldera obedecen a que el ministro "está ocupado con otras tareas y hace mucho que no va por el Ministerio".
Durante su visita a Salamanca, el titular de Familia e Igualdad de Oportunidades ha inaugurado el recientemente reformado centro residencial y ocupacional para personas con discapacidad de Nuestra Señora de El Cueto en Santa Marta de Tormes.
Se trata de unas instalaciones en las que se han invertido más de dos millones de euros para adecuarlas a 102 plazas, de las que 22 serán residenciales y el resto para el centro de día.
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