París.- El Tribunal Especial de lo Criminal de París juzgará desde mañana a tres presuntos etarras que, según la investigación, estaban encargados de la tarea de recaudar dinero procedente de las extorsiones financieras de ETA a empresarios.
Los tres presuntos miembros de ETA, d i a d, Cristina Goiricelaya González, Ana María Alberdi Zubirrementeria y Carlos Sáez de Eguilar Murguiondo.
Se trata de Ana Miren Alberdi Zubirrementeria, de 59 años; Carlos Saez de Eguilar Murgiondo, de 44, y Cristina Goirizelaia González, de 40, que fueron detenidos el 10 de enero de 2003 en Dax (suroeste de Francia).
En el juicio, cuya duración está prevista hasta el viernes próximo, los tres responderán de la acusación de pertenecer a una asociación de malhechores con fines terroristas, posesión ilegal de armas, uso de vehículo robado y de documentos falsos y extorsión de fondos en banda organizada.
Entre lo encontrado por la Policía en el coche robado que conducían en el momento de su arresto había un sobre con 72.000 euros, repartidos en 144 billetes de quinientos euros.
La elevada cifra llamó la atención de los investigadores y fue un elemento relevante a la hora de desentrañar la madeja de la estructura financiera de ETA.
Otro factor decisivo y que aportó mucha luz acerca de los detenidos en Dax fue el arresto en abril de 2003 de Aitor Kortazar García y el registro del apartamento que había ocupado en Burdeos (suroeste francés).
En la casa se halló un documento con numerosas referencias a operaciones de extorsión a empresarios por parte de ETA, que la banda ha calificado tradicionalmente de "impuesto revolucionario".
Aparte del dinero, a los tres detenidos en Dax se les incautaron pistolas, documentos y matrículas de coche falsas.
En operaciones posteriores, la Policía francesa encontró informaciones alusivas a la detención de esos tres activistas y a su vinculación con el aparato de extorsión de la banda (Gezi).
Alberdi Zubirrementeria presuntamente se integró en ETA en los años 70 y militó en el comando "Araba", autor de varios asesinatos.
Sobre ella había una orden de arresto dictada por la Justicia francesa por haber huido cuando estaba en libertad provisional. Después de ser detenida en mayo de 1992 fue liberada bajo control judicial dieciséis meses después, cuando aprovechó para fugarse.
En diciembre de 1995, Alberdi fue condenada en rebeldía a cuatro años de prisión por un tribunal de París por asociación de malhechores y uso de falsos documentos administrativos.
Cristina Goirizelaia, que fue concejal de Igorre (Vizcaya) por HB, supuestamente se integró en 1999 en el "comando Vizcaya" y durante un tiempo prestó el caserío de su propiedad en la localidad vizcaína de Fruniz para su utilización como piso de seguridad y como zulo para almacenar explosivos y armamento.
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