Medio Ambiente rechaza flexibilizar la Ley de Costas

Santa Cruz de Tenerife.-  El director general de Costas, José Fernández, informó hoy de que el Ministerio de Medio Ambiente no flexibilizará la Ley de Costas de 1988 sino que la aplicará según la legalidad, aunque añadió que lo hará "de forma sensible".

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(EFE)

El director general de Costas, José Fernández (d), acompañado por el delegado del Gobierno en Canarias, Salvador García, durante la rueda de prensa que han ofrecido para informar sobre las actividades de su departamento para la recuperación del litoral canario.

Fernández, que se reunió hoy en Tenerife con los vecinos de Güimar afectados por el deslinde que realiza la Dirección General de Costas, explicó en rueda de prensa que el objetivo de su departamento es recuperar el litoral canario, por lo que la Ley es necesaria "ya que la costa es para el disfrute de todos, incluso de los afectados".

El director general señaló que la Ley de Costas, vigente desde hace 20 años, siempre ha sido aplicada de forma pacífica, puesto que los afectados sabían que lo habían hecho mal.

"El problema que ha surgido y que pone a Costas como el malo de la película por llevar a cabo la legislación, se ha producido porque en las islas hay alguien que se ha dedicado a calentar el ambiente", denunció Fernández.

"Es más, nadie tiene que venir a decirnos que hay que negociar con los afectados, puesto que eso lo hemos hecho siempre y lo seguimos haciendo de forma individual con cada caso", añadió el director general.

Afirmó que todas las actuaciones de Costas son sometidas a información pública, y para ellas caben recursos y tramitaciones por parte de todas las administraciones públicas que pueden paralizar y retrasar todos los proyectos, que si se adaptan a la legalidad evitan su ejecución, ya que se interviene cuando hay sentencia firme.

Fernández recordó que la Ley de Costas atiende a dos aspectos principales que hará cumplir el Ministerio de Medio Ambiente y uno alude a la recuperación del espacio de dominio público marítimo terrestre y a los planes de deslindes costeros que son obligatorios y que por ahora, agregó, no han requerido efectuar ninguna demolición.

Insistió que el objetivo de reordenar el espacio de dominio público marítimo terrestre es recuperar la costa para los ciudadanos y mejorar la economía, principalmente de zonas, como las islas, donde la principal fuente económica es el turismo "que agradecerá un litoral más limpio y sostenible".

Para ello, indicó Fernández, ha sido necesario realizar algunas expropiaciones y demoliciones de inmuebles que carecían de algún título pertinente que autorizase su construcción en ese espacio, como ha ocurrido con algunos vecinos de Cho Vito que una vez expropiados "nos lo han agradecido al ver cómo quedaba la costa".

En cuánto a los deslindes costeros, Fernández afirmó que son necesarios hacerlos y que el Ministerio de Medio Ambiente los ejecutará hasta el final de la legislatura, ya que garantiza la seguridad de todos los ciudadanos.

Aún así, el deslinde por un acuerdo de colaboración con Costas es competencia del Gobierno de Canarias, motivo por el que cuando hay discrepancias en algunos asuntos como ocurre ahora, hay que acudir a los tribunales de justicia para sean los que determinen la resolución, indicó el director general.

"Eso sí, ningún expediente de deslinde lleva a cabo ninguna demolición, por lo que si el Ejecutivo regional hubiese hecho bien su trabajo, Güimar (Tenerife) y Hoyo Pozuelo (Gran Canaria) no hubiesen tenido ningún tipo de problema", señaló Fernández.

Aseguró que la Dirección General de Costas se ha comprometido a buscar soluciones por medio de acuerdos de colaboración con diferentes administraciones públicas canarias para ayudar a los afectados que pierdan las primeras viviendas y a los "que se les tratará bien".