Sevilla.- El nuevo de decreto sobre mascotas y animales domésticos potencialmente peligrosos, aprobado esta semana por el Gobierno andaluz, prohíbe la tenencia privada de especies que puedan atentar contra la salud y obliga a los dueños de perros agresivos a suscribir un seguro obligatorio.
En la imagen, un perro "Pit Bull" en la ventana de una casa.
La consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, ha destacado hoy en conferencia de prensa que estas normas, pioneras en su género en España, obliga a los propietarios de mascotas potencialmente peligrosas a entregarlas a las autoridades en seis meses y que, en caso contrario, serán sancionados con multas de hasta 115.000 euros.
Cocodrilos, caimanes y demás reptiles que, en estado adulto, alcancen los dos kilos de peso; así como los anfibios, artrópodos y peces venenosos o cuya mordedura pueda causar daños importantes a las personas están incluidos en esta normativa.
También se prohíbe la tenencia de primates y mamíferos de especies salvajes que en estado adulto superen los diez kilos de peso, un límite que baja a cinco kilos cuando se trata de especies carnívoras.
Estos animales únicamente podrán estar en instalaciones adecuadas autorizadas por la Junta de Andalucía.
Respecto a los perros peligrosos, sólo podrán transitar por la vía pública sujetos por personas mayores de edad, atados con una correa irrompible de un metro de longitud máxima y con bozal.
Además, estos animales no podrán entrar en los espacios públicos destinados al ocio o esparcimiento de los menores, ninguna persona podrá llevar más de uno y tendrá que llevar en todo momento la documentación del perro.
La Junta considera como perros peligrosos los de las razas Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileño, Tosa Inu y Akita Inu, a las que ahora se suma el dóberman.
Los propietarios de estos perros tienen que obtener una licencia especial otorgada por el Ayuntamiento y cumplir requisitos como ser mayor de edad, tener capacidad física y aptitud psicológica, no haber sido condenado por delitos graves y suscribir un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura de, al menos, 175.000 euros.
Otra novedad de este decreto es que estos perros tienen que superar un curso sobre adiestramiento.
A partir del próximo octubre, la tenencia de cualquier perro potencialmente peligroso sin cumplir estos requisitos puede suponer una multa de hasta 115.000 euros para su propietario.
El decreto prohíbe igualmente que las rehalas de perros -un conjunto de canes adiestrados para cazar en grupo- transiten por las calles y obliga a su propietario a suscribir un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura mínima de 175.000 euros por siniestro.
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