La alcaldesa de Fuente Álamo niega los delitos y acusa al fiscal de intentar perjudicar al PP

Fuente Álamo.-  La alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, negó hoy los delitos de cohecho y tráfico de influencias que le imputa el juzgado de San Javier que instruye el caso sobre supuesta corrupción urbanística en ese ayuntamiento, y acusó al fiscal de querer "lastrar la imagen del PP".

ampliar foto

Conesa compareció hoy en conferencia de prensa junto a su abogado Luis Ruipérez, dos semanas después de levantarse parte del secreto de sumario ordenado por el juzgado número cuatro de San Javier, y negó los delitos de cohecho y tráfico de influencias que se le imputan, tras cuestionar la validez de las pruebas presentadas.

La regidora informó que el juzgado solicitó información municipal sobre dos expedientes urbanísticos promovidos por el empresario y promotor Facundo Armero, entre ellos un plan parcial denominado Finca Garcerán, donde se proyectaba construir un polígono industrial; cuatro expedientes de obra mayor adjudicadas al empresario, y unos ocho de obra menor.

En este sentido, el abogado de Conesa cifró "en un diez" por ciento el volumen del total de obra pública que este empresario puede haber realizado en Fuente Álamo, tras lo que la alcaldesa negó haber favorecido a Facundo Armero, con el que asegura no mantiene amistad sino "una relación normal entre una alcaldesa y un empresario que ha hecho algunas obras en el municipio".

Aseguró también que "nunca" le pidió dinero para financiar la campaña electoral, aunque sí reconoció, en alusión a unas de las conversaciones telefónicas grabadas por la policía, haber pedido a Armero dinero de unas entradas para una corrida de toros celebrada en el municipio que había comprado el promotor y no había pagado, "porque a su vez la empresa organizadora del evento así lo pidió al ayuntamiento".

La alcaldesa declaró a preguntas de los periodistas que se siente "respaldada" por el PP, y que su formación política no le ha pedido que renuncie a su cargo.

Asimismo, expresó su "confianza en la justicia", aunque sugirió en su comparecencia que el fiscal del Tribunal Superior ha actuado en este caso movido por intereses políticos.

"Con su escrito de denuncia ha querido lastrar la imagen del partido que gobierna este ayuntamiento y como resulta que la fiscalía es un órgano jerarquizado, que depende del Gobierno central y del ministro de Justicia, estamos legitimados para pensar que con este circo mediático quieren conseguir en los despachos judiciales lo que no son capaces de lograr en las urnas", aseveró.

Conesa declaró sentirse "indefensa" en este proceso al haberse vulnerado, en su opinión, "derechos fundamentales como el de una tutela judicial efectiva a las comunicaciones privadas y a la intimidad".

Además de Conesa, están investigados en este caso la edil de Obras Públicas, la ex concejal de Festejos, un ingeniero municipal y el arquitecto. Todos están en libertad con cargos.

El abogado Luis Ruipérez, defensor también de la edil de Obras Públicas, ha solicitado ya el sobreseimiento y archivo de estas diligencias previas.

Ruipérez expresó su convencimiento, "más allá" de su condición de abogado en la inocencia "total" de sus defendidas, y anunció que, si prosigue la causa, pedirá la comparecencia como testigos del secretario y el interventor municipal, miembros como los cuatro imputados, de la mesa de contratación que decidía la adjudicación de las obras municipales, "para ver si ellos pusieron algún reparo a la tramitación de los expedientes, ya que también votaron a favor".